Por Marta Romero y Diana Juárez
A un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CIDH aseguró que los jóvenes no fueron incinerados en un basurero de Cocula, como lo aseguró la PGR, a la cual obligaron a hacer otro peritaje, que ya aceptó la dependencia.
Este domingo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI), perteneciente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), presentó un informe de 519 páginas, en el que revela una investigación de seis meses sobre las líneas de investigación que se llevaron a cabo.
El GIEI adelantó, en conferencia de prensa, los puntos sobresalientes sobre dicho informe, en el cual desbancan las declaraciones, de noviembre de 2014 y enero de 2015, que dio el entonces titular de la Procuraduría de la República (PGR), Jesús Murillo Karam: “los normalistas fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río”.
Uno de los especialistas del GIEI, Francisco Cox, adelantó que “no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido ni que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero”, refiriéndose a la declaración de los inculpados, quienes aseguraron haber cremado los cuerpos en el basusrero municipal de Cocula, por lo que instó a las autoridades a seguirlos buscando.
Se necesitaban 60 horas para quemar los 43 cuerpos
Los expertos pidieron el peritaje independiente del especialista peruano José Torero, quien determinó que “para la incineración del cuerpo de un adulto en un horno crematorio se necesitan entre 800 a 1000 grados por un periodo entre de 90 a 120 minutos”. Además, se necesitarían 900 kilogramos de madera, equivalentes a casi 400 kilogramos de neumáticos para la cremación de un cuerpo.
En total, por todos los cuerpos, la incineración hubiese durado unas 60 horas y hasta 30 mil 100 kilogramos de madera. Torero concluyó que el alto de las llamas hubiera sido de siete metros, con humos que alcanzaran los 300 metros, por lo que los habitantes de Cocula hubieran sido testigos del incendio que, incluso, si hubiera sucedido, habría ocasionado un incendio forestal en la zona.
Uno de los inculpados había dicho que tardaron máximo 16 horas en quemar los cuerpos, lo que es científicamente imposible, y deshace esta declaración como veraz.
En un principio, otro de los implicados declaró que, después de seis horas, bajó al contenedor del basurero para echar más combustible, sin embargo, el peritaje demostró que un incendio de esa magnitud provocaría una radiación de 16 kilowatts, lo que hubiese imposibilitado al perpetrador de controlar el fuego, a menos que tuviese puesto un traje especial, hecho que no comprobaron.
No se sabe quien dio la orden
El GIEI también tomó en cuenta para su investigación las distintas versiones de los hechos, ya fuesen víctimas, perpetradores y testigos en diferentes escenarios de los ataques a los estudiantes.
Los expertos señalaron en el informe: “En ningún momento de las declaraciones de los policías municipales ni de los acusados de ser parte de Guerreros Unidos (GU), implicados en los hechos, se hace referencia a quien dio la orden de sacar a los normalistas de Iguala y entregarlos aparentemente a este grupo de delincuencia organizada y narcotráfico”.
Del mismo modo, se encontró con que hubo un quinto camión, que la PGR no mencionó, y en el que los expertos de la investigación aseguraron que el chofer de este vehículo pudo haber hecho una declaración falsa.
Así fue como el GIEI dictaminó que las autoridades no recabaron todos los recursos para localizar a los normalistas.
PGR hará otro peritaje
Por su parte, la PGR respondió al informe que hizo el GIEI y señaló que hará un nuevo peritaje sobre el caso.
Su titular, Arely Gómez González, indicó que dicho estudio estará a cargo de un nuevo cuerpo de peritos forenses de alto prestigio.
Asimismo, señaló que existe disposición por parte de su dependencia para continuar con las peticiones de la CIDH.
Foto: Especial
