Por Alejandra Olivera @AletzOliv
El edil José Juan Espinosa Torres clausuró simbólicamente el Cereso de Cholula, tras la recomendación de la CDH por sobrepoblación; acusó que el documento es “incompleto” pues también se debió de haber dirigido al gobierno del estado, por lo que acusó un fin “electorero”.
Este lunes frente a las instalaciones del penal, el alcalde se dijo respetuoso de la autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) en Puebla e hizo un llamado al Ejecutivo estatal para que asuma la responsabilidad de administrar el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cholula y de manera se firmen los convenios que permitan el cumplimiento de la recomendación del organismo local.
En el acto simbólico, colocó sellos en las puertas del Cereso en las que se lee: “clausurado porque los derechos de los reos deben respetarse, porque desde 1985 está sobrepoblado, por la recomendación CDH-19/2015, por tener más de 400 por ciento de sobrepoblación, por la indiferencia de los gobierno anteriores”.
Subrayó que el ayuntamiento no puede continuar esperando más tiempo para que la administración estatal cumpla con la parte que le corresponde de garantizar que no se violenten las garantías individuales de los 663 reos, quienes –dijo– representan un hacinamiento del 400 por ciento, por lo que aseguró que no se detendrá hasta que el estado “asuma la responsabilidad que le toca”.
Espinosa Torres mencionó que el gobierno estatal es el único facultado para despresurizar el inmueble, mientras que las medidas de ejecución de sentencias dependen tanto de la Secretaría General de Gobierno (SGG), como del poder Judicial local y federal, en su caso, por lo que el municipio carece de responsabilidad y únicamente –afirmó– tiene obligaciones financieras para el sostenimiento de los internos.
Acusa fines electorales en recomendación
En respuesta a los señalamientos del ombudsman estatal, Adolfo López Badillo, quien refirió que en sus investigaciones no encontraron evidencia documental de que el edil haya tenido la intención de ceder al gobierno estatal el penal, Espinosa Torres aseveró que el 2 de junio de 2015 la notaría 5 de Cholula dio fe de las condiciones de sobrepoblación, por lo que el 1 de julio solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciar una investigación que permita constatar las deficiencias de dicho centro de readaptación.
“Nosotros solicitamos a la CNDH lo que hoy a destiempo, y más en una lógica electoral que legal, resuelve la CDH de Puebla”, subrayó.
Refirió que el pasado 5 de mayo el Cabildo aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo para iniciar el proceso de entrega en comodato del edificio –avenida Hidalgo 701– así como la operación a la administración estatal.
Incluso, refirió que desde el 2 de junio de 2014 enviaron un oficio al entonces titular de la SGG, Luis Maldonado Vengas, para que fuera el medio para canalizar al mandatario estatal la solicitud de reubicación.
Asimismo, sostuvo que pese a que la Constitución no obliga a los municipios a administrar el penal regional, señaló que su gabinete ha puesto lo que está a su alcance para cumplir con la reubicación del inmueble, por lo que adquirieron 2 hectáreas en la junta auxiliar de San Francisco Coapan.
Foto. Ángulo 7
