Por Gustavo Santín
Le gusta jugar con los números. Presenta cifras absolutas o números relativos según le acomode y, sin embargo, de repente, las cuentas no le cuadran y sus subordinados le corrigen la plana.
Tal parece que en la precampaña política de Aurelio Nuño Mayer, encargado del despacho educativo de la administración de Enrique Peña Nieto, todo se vale. Mistificar, presumir cifras, presentar todo en blanco ignorando el negro, librar batallas imaginarias en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con afanes libertarios para, supuestamente, defender “el derecho que tienen los docentes a ser evaluados” en aras, aparentemente, de brindar educación calidad a niñas, niños y “jóvenes” y convencer a una ficticia sociedad civil y los detractores del magisterio nacional, que actúa en contra de aquellos a los que responsabilizan por los malos resultados que los escolapios obtienen en las evaluaciones nacionales e internacionales; las maestras y los maestros.
Propaganda pura, el comunicado 426 (http://goo.gl/HLsiJx) publicado en la Web por la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 14 de diciembre de 2015 señala que “en el transcurso del año participaron en las diversas evaluaciones” más de 360 mil docentes.
De ellos “158 mil 502”, señala el comunicado, el 44 por ciento del total concursarían por obtener una plaza de docente de nuevo ingreso, “45 mil 860″, el 12.73% lo habría hecho buscando una promoción a un puesto de Apoyo Técnico Pedagógico (ATP), Director de plantel, Supervisor Escolar, “24 mil 441″, el 6.78 por ciento, sujetos a la nuevas reglas establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente (Lgspd) presentarían la “evaluación diagnóstica” que les permitiera seguir en funciones, conservar la chamba y “131 mil 556″, el 36.54% habría sustentado la “Evaluación del Desempeño”, indispensable de acuerdo a la nuevas reglas, para continuar ocupando por cuatro años más, una plaza sobre la que tienen derechos adquiridos de acuerdo a lo que se estableciera en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 14, no retroactividad de la ley, artículo 1, reconocimiento y defensa de los derechos humanos).
Cuestión del cristal con que se mire, del vaso medio lleno o más que vacío, según lo presente Aurelio Nuño o lo revisen quienes son partidarios de checar los números que ponderan los dueños de la pelota. Cifras infladas que enmascaran resultados cuestionables si se relacionan a los “131 mil 556” maestras y maestros que habrían presentado el examen cibernético con el 1 millón 578 mil ochocientos treinta y cinco docentes que reporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, e Informática (Inegi) laboran en 2011 en los niveles de preescolar, primaria, primaria indígena, secundaria, profesional técnico, bachillerato que estarían obligados por la Lgspd a presentar la evaluación del desempeño docente y que al compararlas arrojarían un porcentaje de cumplimiento del 8.33 por ciento tomando en consideración los reportes de personal docente de la publicación electrónica México en Cifras (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/)
Cierto que los datos que presenta el Inegi podrían incluir a personal docente que presta sus servicios en instituciones de educación básica y media superior en instituciones particulares –entre un 8 y un 12 por ciento en promedio para estos niveles- pero si para efectos de comparación se tomara en cuenta solamente sólo al 1 millón de profesoras y profesores que reconoce Nuño Mayer, sólo el 13.15 por ciento de total se habrían evaluado en el rubro evaluación del desempeño, restando por hacerlo el 86.84%, 868,444 maestras y maestros porcentaje que contrasta con el porcentaje globalizado presentado por el comunicado institucional 426 que a la letra dice que “El personal evaluado representa el 27% del total de profesionales que a nivel nacional realizan funciones Docentes, Técnico Docentes, de Dirección, Supervisión o Asesoría Técnica Pedagógica en la Educación Básica y Media Superior”. De continuar a ese ritmo, a más de los enfrentamientos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y de las tribulaciones que les provocan quienes se resisten a sustentar una evaluación que conculca sus derechos adquiridos, la autoridad requeriría por lo menos 10 años más para lograr una primera vuelta.
Pero, a pesar de las promesas mediante las que Nuño y sus corifeos aseguran que ahora sí se presentará el modelo educativo y que se asegurará “una adecuada formación, capacitación y actualización continua del personal”, el gobierno de Peña Nieto se encuentra encerrado en una trampa, la evaluación al desempeño docente, de la que no puede salir.
2 años con 11 meses no le serán suficientes para instrumentar un nuevo modelo en el que deberán capacitarse el millón y medio de docentes de escuelas públicas y particulares, tampoco bastarán para que los y las docentes involucrados conozcan los planes y programas que el gobierno del “Pacto” pretenda imponer hacia delante, para dotar a las más de doscientas mil escuelas públicas educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, públicas con la infraestructura mínima para funcionar de acuerdo a las necesidades que impone una sociedad del conocimiento y aún más cuando las mismas autoridades reconocen que sólo podrán poner “al tiro”, a una de cada tres escuelas de educación básica, a pesar de gastarse de manera anticipada por 20 años, 50 mil millones de pesos de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Equivocaron la ruta.
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