Por Diana Juárez Martínez @Diana_J_M
En Puebla, los policías percibieron, en 2013, un nivel de corrupción de 151 puntos en la PGJ, por lo que se colocó en tercer lugar nacional; en general, fue la segunda entidad en la que los uniformados advirtieron este problema.
De acuerdo con el reciente “Índice de percepción de la corrupción en las instituciones de seguridad pública en México (Ippcsp, por sus siglas en inglés)” de la Fundación Desarrollo humano Sustentable (FDHS), en la entidad poblana, los elementos estatales y municipales de las instituciones de seguridad percibieron, en 2013, un nivel de corrupción en las instituciones de 149 puntos, por lo que se colocó en segundo lugar nacional.
Dicho estudio se integró en tres componentes agrupados por las principales instituciones de la seguridad pública en las que se pude observar esta dificultad: en las instituciones de prevención del delito, en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y en los centros penitenciarios.
En cada una de éstas, la apreciación de los entrevistados en Puebla fueron de 143.8, 151 y 152.4 puntos.
En 4 años, esta situación ha empeorado, pues el estado ha escalado 15 peldaños.
Lo anterior porque en 2009, los elementos de Puebla percibieron corrupción en 98 puntos, colocándose en lugar 17 nacional; en 2010, fue de 116.1, con la posición nueve; en 2011, 93.2 puntos, con el escaño 25; en 2012 regresó al nueve con 111.9 puntos, pero en 2013 subió al dos con los 149 puntos.
Veracruz está a la cabeza
En 2013, la entidad poblana sólo estuvo por debajo de Veracruz, cuyos uniformados dijeron que la corrupción es de 159.5 puntos; por debajo del estado poblano se encontraron Sinaloa, con 146.7 puntos; Coahuila, con 144.4 puntos y Zacatecas, con 143.8 puntos.
Al último de la tabla se colocaron Chiapas, con 96.4 puntos (el único cuya situación no es “grave”); Oaxaca, con 113.3 puntos; Nayarit, con 118.2 puntos; Baja California Sur, con 119.2 puntos y Tamaulipas, con 122.09 puntos.
El FDHS señaló que la corrupción en México está asociada a sobornar a los policías de tránsito; exigir a los ciudadanos el pago de multas o de extorsiones por supuestas infracciones de tránsito; someter a personas sospechosas a revisión incautando sus bienes u objetos personales y la implantación de drogas, armas y evidencias incriminatorias.
Cabe mencionar que recientemente el Congreso de Puebla avaló la transición de la PGJ a la Fiscalía General de Justicia y aprobó que el aún procurador Víctor Carrancá Bourget esté al frente de ésta hasta 2022.
Sin embargo, el próximo fiscal ha sido criticado por organizaciones civiles al ser señalado como “omiso” ante casos de feminicidios, activistas presos y la represión de la junta auxiliar en San Bernardino Chalchihuapan, en 2014.
Foto: Ángulo 7
