Por Gustavo Santín
Curiosa forma mediante la que Arturo Ñuño Mayer, encargado del despacho educativo de la Administración de Enrique Peña Nieto, resguardará “el derecho que tienen los profesores a ser evaluados” empleando a las “fuerzas del orden”.
Tras lanzar un señuelo de incremento de salarios, que se aplicaría a personal docente y directivo que presta sus servicios en las instituciones públicas de educación básica y media superior que hubiese obtenido “calificaciones de excelencia” en las evaluaciones de desempeño, anuncia y coordina medidas “relacionadas con razones logísticas y de seguridad” que implicarían la aplicación del examen cibernético, en entidades en las que la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es mayoritaria (Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca), en fechas diferentes a las programadas originalmente, la concurrencia de gobernadores y de Policía Federal “para tener la suficiente seguridad, …, …en coordinación con las policías locales, por si se pretende impedir la evaluación” (http://goo.gl/15Xids).
“Ternurita”. Las expresiones de Nuño recuerdan épocas en las que madres y padres de familia delegaban la autoridad total en maestras y maestros, y les pedían que hicieran lo necesario, incluida la aplicación de castigos corporales si sus hijos o hijas daban lata, para que los chamacos(as) se comportaran y aprendieran lo suficiente, “que para eso los mandamos a la escuela, para que se les quite lo burro”.
Años en los que menores con más experiencia, repetidores de uno o más años, aconsejaban al personal docente recién egresado de las escuelas normales y que por primera vez prestaba sus servicios regulares en una escuela de alguna zona marginada, el uso de correctivos “para que le hagan caso, profe, deles sus dulcitos”, castigo consistente en pedirle al menor que juntara los dedos para luego golpearlos en las yemas, con una regleta.
Tiempos en los que cualquier distracción, plática o risita de niños o niñas era suprimida mediante un gis o un borrador que lanzaba el “maistro” con gran puntería, años en los que los castigos pasaban de “jalar” las patillas hacia arriba provocando un gran dolor en los niños pelados a la “Bross”, al suplicio de estar exhibido en el patio, parado, sufriendo la inclemencia del sol con los brazos en cruz, extendidos y una pila de libros en cada palma de las manos, o bien, castigos como los de correr cien vueltas alrededor de la plaza cívica o hacer mil lagartijas -que aplicaba el personal a cargo de las clases de educación física-, o los excesos que incluían castigos como dar diez vueltas de rodillas a la cancha de básquet, golpes en las pantorrillas con una vara de membrillo o con una palmeta.
Épocas no tan remotas, en las que por encima de las doctrinas y los tratados internacionales en materia de derechos humanos -suscritos por México- y de considerar el interés superior, que ahora priva en torno de niñas, niños y jóvenes, se partía del dogma: “la letra con sangre entra”.
Los tiempos y la escuela han cambiado, y tal parece que el discurso del encargado de la tarea educativa también. Mientras que por un lado el Estado y la doctrina buscan tutelar los derechos humanos y el interés superior de la infancia y de los menores, subordinando los “derechos abusivos” de mayores, incluidos maestros y maestras, la autoridad de la que gozaban los mentores en su entorno se ha volcado en su contra por obra y gracia de las autoridades educativas.
Culpados por los pésimos resultados académicos que sus alumnos y alumnas obtienen reiteradamente en pruebas nacionales e internacionales, son objeto de una “reingeniería” que, promovida a través de las evaluaciones que para el ingreso, la permanencia y la promoción han de sustentar periódicamente, les otorgue una estrellita en la frente y la categoría de servidores públicos idóneos.
De ¿castigadores? a castigados, los y las docentes han perdido la fuerza moral y el liderazgo que su ejercicio profesional les otorgaba, mediante el reconocimiento público de amplios sectores de la sociedad, han pasado de gozar de una alta estima y de tener la autoridad moral para educar a sus alumnas y a sus alumnos, a ser considerados personas no gratas, agitadores y transgresores sociales a los que habría que corregir mediante premios -incrementos salariales- y castigos -descuentos por faltas no justificadas, amenazas, cese sin responsabilidad para la autoridad educativa, persecución y cárcel-.
Triste ser maestro en estos días, me habría comentado recientemente el Maestro José Luis Velásquez Báez, “bonita forma de educar” la que tienen Nuño y demás autoridades educativas involucradas, con policías resguardando las evaluaciones docentes “a fin de garantizar el derecho a dicho examen sin el riego de sufrir amenazas, vejaciones o robo de material por parte de la disidencia magisterial”, tratando a maestras y maestros que protestan por la violación a los derechos laborales adquiridos como si fueran delincuentes de la peor ralea, evidenciando ante la opinión pública internacional el trato que el gobierno da a quienes en el discurso califica como los mejores hombre y mujeres que tendría México.
Calificada como un éxito por parte de Nuño, las cifras que presenta el “Comunicado 367.- Elevado nivel de participación en la Evaluación de Desempeño: SEP México, DF, 14 de noviembre de 2015.”, son sin embargo parciales y muestran protestas en al menos 10 Estados de la República, realizadas en el primer día dedicado a estos menesteres en el que la Coordinación del Servicio Profesional Docente “programó la Evaluación del Desempeño a 28 mil 735 sustentantes: 24 mil 244 de Primaria, mil 365 de Secundaria, 165 de inglés, 272 de Educación Física y uno de Especial, que realizan funciones docentes, y a 2 mil 349 y 339 directores de Preescolar y Primaria, respectivamente, en 319 sedes de aplicación”.
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