Por Juan Carlos Lastiri
Si hay un tema en nuestro país que se ha investigado desde hace muchos años y no ha rendido lo que se espera de él, es, sin duda, el de lo regional.
Desde los intentos de impulsar una política de polos de desarrollo, bajo el ejemplo de Francia, en los años 70, hasta los intentos de desarrollar grandes regiones sectoriales de los 90, el movimiento regional ha estado presente en la política de nuestro país.
Esto no es algo menor, en términos de crecimiento económico el término es importante, porque se ha demostrado que una política regional bien llevada ayuda a eliminar los desequilibrios territoriales, es decir ayuda a eliminar las desigualdades económicas.
Muchas han sido las teorías económicas que explican la forma en que una región se desarrolla y logra crecer, pero lo cierto es que en el caso particular de nuestro país existe algo ligado al territorio que ha sido un factor para que lo regional sea algo, aun, intangible; hablamos de los niveles de gobierno y sus atribuciones.
Constitucionalmente, nuestro país tiene tres niveles de gobierno con atribuciones bien definidas en el territorio, que dan autonomía sobre el mismo a cada nivel, lo que ha hecho que sean pocos los esfuerzos que se puedan hacer a nivel horizontal entre estos órdenes, es decir pocos han sido capaces de ver más allá de sus límites territoriales.
Sin embargo, a pesar de esta tendencia histórica, hoy se entiende que ante el reto de la desigualdad que vivimos en el país se debe buscar impulsar una política que tome al territorio como eje articulador y no a entidades o municipios, con lo que se busca que la coordinación vertical y horizontal de órdenes de gobierno trabaje en objetivos comunes que una región define.
Y en este sentido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha reconocido, desde el inicio de su Gobierno, que uno de los mayores retos es enfrentar los desequilibrios que presenta México; fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, sino que también se presenta en Latinoamérica.
Y para empezar una estrategia, se entiende en el Gobierno que hoy debemos recurrir a un federalismo cooperativo e incluyente, proveniente del dialogo entre los diversos actores que participan en los procesos, tanto gubernamentales como del sector privado, y que impulse un desarrollo más allá de las fronteras político –administrativas, desterrando así, la idea de un territorio fragmentado.
La Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) ha sido la encargada de enfocar esta ideas para poder alcanzar y lograr los propósitos de nuestras políticas públicas, por lo que ha presentado y puesto a disposición de todos los actores sociales, una herramienta que permite vincular al entorno rural con el urbano, a saber las Regiones Funcionales, que son espacios precisos no inmutables en respuesta a vínculos sociales existentes entre todos sus habitantes, la organización en torno a un centro dotado de autonomía y composición en una economía integral.
Es decir bajo la idea de polos y lugares centrales se va degradando la jerarquía de los lugares para que todos los habitantes tengan acceso a sus derechos básicos.
A través de este concepto se ha generado una plataforma digital que se conoce como el Sistema de Regionalización Funcional de México. La implementación de este sistema es el resultado de la colaboración del INEGI, la academia y este gobierno, dando la ventaja de por primera vez leer el territorio con una óptica diferente, entendiendo éste como un entorno vivo e interactivo.
A través de esta metodología, podremos orientar nuestras acciones en los territorios donde más se necesite, identificando donde hace falta acercar los servicios a la gente; nos permitirá saber donde ocurren las relaciones humanas sin limitarnos por las fronteras político administrativas; y algo en realidad importantes es que, con este instrumento se responde, además, a la estrategia digital y de datos abiertos emprendida por este Gobierno.
Ahora que en nuestro país se dan grandes proyectos de inversión privada como las armadoras de Valle Derramadero, en Coahuila y en San José Chiapa, en Puebla, el Sistema de Regionalización Funcional para el territorio permitirá evaluar el impacto integral de estas acciones en regiones específicas del país; así como, la forma en que se deberá orientar la inversión pública para acompañarlas.
Por todo lo anterior, es claro que el objetivo de la herramienta desarrollada es fortalecer las acciones del Estado Mexicano para dirigir de manera coordinada el desarrollo territorial: rural y urbano; siendo de esta manera un garante del cumplimiento de los derechos sociales de todos los mexicanos y las mexicanas.
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