Por Gustavo Santín
Se escucha bonito, pero en la práctica no lo es tanto. Aurelio Nuño Mayer, segundo Secretario de Educación Pública de la administración del titular del ejecutivo federal Enrique Peña Nieto, no cesa en repetir que enfocará su “gestión” a la implementación de la Reforma Educativa –a la que califica como la más importante de las 12 reformas estructurales emprendidas por el gobierno–, reforma cuyo “reto” es tener un sistema de educación laica, gratuita y de calidad, en beneficio de niños y jóvenes de México” (http://goo.gl/ePn69V) .
Aurelio, sin embargo, podría quedar entrampado ante la maraña burocrática que enmaraña al proceso educativo y ante las descalificaciones que la reforma recibe de muchos de quienes tienen la encomienda de ejecutarla: maestras y maestros “de banquillo”.
Pero, a reserva de tamizar algunos de los puntos abordados por Nuño en la comparecencia que, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, sostuviera ante el pleno de la Cámara de Senadores (Comunicado 290.- Ofrece Nuño Mayer diálogo abierto con maestros, alumnos, padres de familia, pedagogos y legisladores, para alcanzar educación de calidad. México, DF, 30 de septiembre de 2015), los principios a los que alude Nuño Mayer se encuentran cuestionados por medidas sustentadas en leyes secundarias, tal cual sucede con el precepto de laicidad establecido en la fracción I del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acotado por el artículo 5º de la Ley General de Educación (LGE) que la restringe sólo a la que “imparta el Estado”, cuestión que permite se imparta educación religiosa en instituciones particulares.
Lo mismo pasa con el que establece la gratuidad (fracción IV, artículo 3 constitucional) limitado por disposiciones establecidas en el capítulo VII de la LGE, que establece la obligación de colaborar con las instituciones educativas a padres y madres de familia (fracción III artículo 66) y el que faculta a las asociaciones de padres de familia para que participen en la distribución “de las cooperaciones en numerario” (fracción III, artículo 67), impuestas obligatoriamente a madres y padres de familia mediante la figura de “aportaciones voluntarias”.
La calidad, indefinida constitucionalmente, se encontraría sujeta al logro de la normalidad mínima escolar que ignora las condiciones materiales en las que se encuentran las escuelas y que pretende remediarse mediante el gasto anticipado de recursos financieros estatales de los próximas 20 años.
Las palabras y los discursos que pronuncia Aurelio Nuño suenan bien. La pretensión por “implementar”, en la práctica, una reforma educativa y por lograr que el derecho que tienen niños, niñas y los jóvenes a recibir educación de calidad “en las aulas” sería loable si su consecución no enfrentase en las escuelas una realidad adversa generada por un ambiente de trabajo al servicio de los intereses de una vetusta burocracia administrativa.
Cierto que es fundamental “Poner a la escuela en el centro del sistema educativo, invertir esta ecuación y que sea el sistema quien este al servicio de las escuelas y de los alumnos de México“, transformarlas en comunidades de aprendizaje, fortalecer la autonomía de gestión con la que debiesen funcionar los consejos escolares y liberar a las escuelas y a los docentes de “una agobiante carga burocrática”.
Sin embargo, el papeleo con el que autoridades centrales, incluidos los directores de los niveles, jefes de sector, supervisores escolares y ayudantes técnico pedagógicos, avasallan a los docentes y los directores de las escuelas consta en oficios, circulares y comunicados de trabajo, patentizan que la escuela sigue aún al servicio del sistema y sirve solo para justificar puestos de trabajo reservados a burócratas a pesar del discurso de precandidato Nuño.
Para muestra bastan las más de cuarenta solicitudes de información “transmitidas” a las escuelas –tan sólo, al 30 de septiembre de 2015- a través de las supervisiones escolares con origen en direcciones, “unidades”, oficinas de la Secretaría de Educación Pública federal y en ocurrencias de sus pares locales, tal cual sucede con las evaluaciones diagnósticas que debieron aplicarse entre el 7 y el 10 de setiembre bajo el garlito de proponer “experiencias de aprendizaje, ordenadas por las direcciones de centros escolares de educación indígena y de educación básica y de la inicial de la Subsecretaría de Educación Básica, o las encuestas de opinión que con pretexto de “fortalecer el Consejo Técnico Escolar (CTE)” y establecer la ruta de mejora” se solicitan emitan, previa guía de observación”, director, supervisor escolar y docentes de los planteles escolares.
Sin estar contratado ex profeso y en sentido contrario a lo estipulado por la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública indica que en cada escuela debe existir “un responsable permanente durante el ciclo escolar, él que tendrá un usuario u contraseña para enviar los resultados a la DSG, a la DGEB y al área central de México. Para este seguimiento es indispensable que tanto los colegiados de las escuelas como los acompañantes y observadores conozcan los manuales y normas tanto a nivel central como las sugerencias de la Entidad Poblana. (Esos manuales ya fueron enviados vía jefes de sector, supervisores y coordinadores de jefes de enseñanza)”.
“Invertir la ecuación” premisa de origen, implicaría que las actividades adjetivas a la práctica docente formaran parte de una propuesta de trabajo generada en los centros escolares sin importar que los burócratas solicitasen “resultados” por programas generados por ocurrencias de funcionarios de la dependencia al margen de las necesidades de las escuelas a las que se pretende se convertir en comunidad aprendizaje.
Hacer de las escuelas el centro del sistema educativo implicaría que los colectivos integrados por el alumnado, el personal docente y directivo, padres y madres de familia y la comunidad decidiesen sobre qué cuestiones sustantivas son prioritarias para ese entorno escolar y cómo deben ser acompañadas por programas complementarios. “Corregir lo que haya que corregir” diría Aurelio, y entre ello, la pesada carga burocrática que agobia a las comunidades escolares, suena bien pero es pura demagogia.
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