Por José Buendía Hegewisch
La demanda de justicia volvió a recorrer las calles en México por el primer aniversario del crimen de Iguala. El país sigue sufriendo el lastre de inseguridad y violencia que, en la última década, es el principal reclamo de movilización pública.
La decepción por los pobres resultados contra los altos niveles de impunidad, erosiona la confianza en la democracia, pero también socava liderazgos civiles vulnerables a convertir sus causas en formas de subsistencia. Por eso, hoy la mayor desafección política y la desarticulación de la sociedad civil abren el riesgo de que la participación ciudadana se diluya en el desencanto, sin acuerdos y objetivos claros, por ejemplo, para superar la crisis de desaparecidos.
Miles de personas acompañaron a normalistas y a padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que encabezaron la marcha con un espíritu de vindicación por la refutada “verdad histórica” de la conclusión del informe oficial. Los dichos del movimiento de víctimas hablaban de recuperar el derecho a saber la verdad que les pertenece, como al resto del país.
Llegan tras un año de defender que se hallan injuriados, calumniados, injustamente tratados y hasta criminalizados, como dijeron al presidente Peña Nieto en su reunión del jueves pasado; afectados por el desaseo que reflejan las interrogantes y cabos sueltos de la investigación. Sobre todo, reclamando una actitud cínica de la autoridad por mentir ante un caso de grave violación de derechos humanos.
Pero su desagravio no se traduce en compromisos reconocibles sobre la manera de satisfacer las demandas, si éstas atañen sólo al caso Iguala o a los miles de desaparecidos en el país. Las organizaciones civiles parecen más preocupadas en preservar a sus grupos de víctimas, que en pensar en términos de una problemática más “generalizada”, como advierte el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.
Desde 2011, cuando alertaron de éste, los avances han sido menores que los retrocesos, sin que las ONG hayan podido articular la presión para incidir en el asunto. Y prueba de ello es que del informe del grupo de expertos de la CIDH se destaca básicamente la controversia sobre el basurero de Cocula y se dejan fuera de la discusión las recomendaciones sobre este problema que detonó la “guerra contra las drogas” del gobierno anterior y que con el actual no ha hecho más que crecer.
Algunas organizaciones exigen que la cuestión de los desaparecidos se concentre en Ayotzinapa y en las omisiones de la investigación oficial, mientras que el gobierno ofrece una fiscalía especial que se ocupe de las casi 25 mil personas desaparecidas en todo el país, según datos oficiales.
No hay acuerdo. Sin consenso básico sobre la naturaleza y alcance de mecanismos para la búsqueda e investigación de este y otros crímenes, es difícil esperar la satisfacción para nadie, aunque el Presidente haya dicho a los padres que “estamos del mismo lado”.
La voluntad política expresada por el gobierno en favor de la verdad y la justicia tiene que traducirse en avances concretos, lejos de la simulación o de la manipulación de la justicia para intentar cerrar o diferir el caso al infinito. Pero de poco servirá cualquier resultado si el prejuicio, agendas antigobierno o, simplemente, el ánimo de venganza inhabilitan una acción real contra la impunidad.
Ayotzinapa debe ser un punto de inflexión para revertir el deterioro de la justicia y el respeto a los derechos humanos, no un corrosivo para debilitar aún más el apoyo a la democracia que, según el Latinobarómetro, en el país está 15 puntos abajo del promedio latinoamericano. Éste debe ser el mejor disuasivo para convertir la indignación en presión que ayude a reconfigurar las instituciones, y no al revés.
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