La diputada del Congreso de Puebla, Elisa Limon Balderrabano, presentó una iniciativa de decreto que tiene como objetivo declarar a la lengua véneto de la junta auxiliar de Chipilo de Francisco Javier Mina, cómo Patrimonio Cultural del Estado.
Así lo dió a conocer la integrante del grupo legislativo de Morena, durante la sesión de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso.
La iniciativa derivó de peticiones ciudadanas; así como de investigaciones académicas nacionales e internacionales. Las investigaciones establecen que la lengua véneto-chipileña, es una lengua romance como el español.
Además, se tienen registros de que la lengua véneto ha sido preservada y transmitida por más de 140 años, en la comunidad de Chipilo, Puebla.
Las investigaciones las realizaron autores como Sbrighi, MacKay, Montagner, Savarino, Sartor, Zago y Zilli, quienes mencionaron que Chipilo, se fundó el 7 de octubre de 1882, porinmigrantes de la región del Véneto, en Italia.
Actualmente, se contabilizan a más de 3 mil 500 hablantes de la lengua véneto en Chipilo, una comunidad con un dinamismo económico importante para Puebla.
Cabe decir que, documentación de la Sociedad de Defensores de la República Mexicana y sus Descendientes A.C., informó que, el gobierno federal de 1882, promovió colonizar tierras a cambio de trabajo y contraprestación anual.
Aunque, en Chipilo fue diferente, ya que, los habitantes se integraron al mosaico multicultural de Puebla. Incluso, participaron en acontecimientos de la Revolución Mexicana, pero sin perder su identidad.
Por lo tanto, la diputada Elisa Limón mencionó que la lengua es “un patrimonio cultural invaluable del estado, parte de la riqueza multicultural y de la grandeza de Puebla”.
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Congreso de Puebla busca crear “Ley de reparación por maltrato animal”
En otro tema, la diputada del Congreso de Puebla, presentó la “Ley de Responsabilidad y Reparación del Daño por Maltrato Animal de Puebla”.
Esta, es una iniciativa que tiene el fin de fortalecer el marco jurídico vigente para garantizar la reparación integral de daños contra animales.
La propuesta busca obligar a los responsables de maltrato animal, de cubrir los costos de atención, rehabilitación y resguardo de los seres sintientes afectados.
Además, incorpora medidas de protección inmediata, acciones preventivas contra la reincidencia y la creación de un registro estatal de infractores.