El Congreso de Puebla, en conjunto con el Consejo Indígena, cuyo presidente es Hilario Cruz, y tres magistrados, realizan mesas de diálogos para la conformación de la Sala de Justicia Indígena, se consensuará en parlamento abierto con comunidades.
Este martes 9 de abril, durante la rueda de prensa semanal en la sede del Poder Legislativo, el presidente del Pavel Gaspar aseguró que continúan los trabajos para que esta sala se concrete. Agregó que el gobernador Alejandro Armenta ya tiene conocimiento del proyecto.
Señaló que ya sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Belinda Águila Díaz y con Pedro Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura. Así como con Larisa Ortiz, magistrada del Tribunal Superior Agrario y los integrantes del Consejo Indígena junto con su líder, Marcos Hilario Cruz.
Si bien no adelantó los detalles del encuentro, afirmó que la justicia indígena tema será una prioridad en el Congreso de Puebla que preside.
Avanzan discusiones sobre Justicia Indígena
El legislador mencionó que ya informó al gobernador Alejandro Armenta sobre este proyecto, y que el mandatario mostró disposición para apoyar en lo que sea necesario.
Cabe señalar que en la reunión realizada en marzo pasado se determinó que se debe contemplar la participación activa de los pueblos originarios. Ello, a través de diversos foros que garanticen un ejercicio de parlamento abierto, incluyente y representativo.
Te puede interesar:
¿En qué consistiría la Sala de Justicia Indígena?
Ángulo 7 realizó una entrevista a Marcos Hilario, quien señaló que esta Sala tendría la función fundamental de respaldar las acciones de los pueblos originarios.
Asimismo, garantizará que la justicia se imparta con un enfoque intercultural y con pleno reconocimiento de los sistemas normativos internos de las comunidades.
El órgano estaría especializado en analizar el derecho consuetudinario (es decir, la forma tradicional en que se ha aplicado la justicia en las comunidades), pero ahora con una clara distinción y reconocimiento hacia los pueblos originarios.
Para sus resoluciones, se deberán tomar en cuenta elementos como la lengua, los sistemas normativos propios y la organización comunitaria.





