El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, dio a conocer que la reforma de infancias trans se aprobaría el 15 de septiembre, en cuanto inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones. Además, recalcó que ya no se realizarán más foros, ya que la SCJN les ordenó aprobar el proyecto.
Así lo informó el también diputado de Morena en entrevista con medios de comunicación este 21 de julio. En su intervención, recalcó que en el próximo periodo atenderán todos los temas rezagados, entre ellos, la mencionada iniciativa.
Explicó que, hace 10 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Puebla dar cumplimiento con la aprobación de la reforma en materia de infancias trans. Asimismo, precisó que no les dio un plazo límite para legislar, por lo que únicamente adecuarán el dictamen para su presentación.
Además, comentó que en el Poder Legislativo ya no se realizarán más foros y mesas de diálogo con colectivos y otros sectores de la sociedad. Esto, pese a que están abiertos a seguir escuchando “todas las voces”; asimismo, indicó que “ya quedó superada” la etapa de socialización.
El 20 de julio, representantes de la comunidad LGBTQ+ exigieron al Congreso de Puebla aprobar la iniciativa de reforma sobre infancias trans. Argumentaron que la diputada Gabriela “Gaby” Chumacero la presentó desde el 15 de diciembre de 2025 sin reflejar avances.
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Pendientes revocación de mandato y homologación del Artículo 2
Además de la reforma de infancias trans, uno de los temas que permanecen rezagados y podrían aprobarse a partir del 15 de septiembre es la homologación de la Ley de Participación Ciudadana para la revocación de mandato estatal.
Para aprobar dicha ley, es necesario realizar las mesas de trabajo y foros con la ciudadanía que ya estaban agendados para enero de 2026. Esto permitirá emitir un dictamen y armonizar las reformas de participación ciudadana y revocación de mandato a nivel local.
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Igualmente, está pendiente la homologación de las reformas del artículo 2 federal en el artículo 13 de la Constitución de Puebla. Ambas tienen el objetivo de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La Constitución de México establece que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, deben ser reconocidos y garantizados sus derechos, así como su libre determinación y autonomía.
Lo anterior, para que puedan decidir, conforme a sus sistemas normativos y formas internas de gobierno, así como aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.