Debido a que no se aprobó el plan A de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, se deben reformar las leyes General de Delitos Electorales y General de Partidos Políticos para que, mediante la fiscalización, se evite que ganen candidatos vinculados al crimen organizado.
En entrevista con Ángulo 7, el exconsejero del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, José Luis Martínez López explicó que el crimen organizado puede insertarse de dos maneras. La primera a través del financiamiento de las campañas y la segunda, mediante la postulación de personajes que tengan ligas con actividades ilícitas.
José Luis Martínez aseguró que actualmente ya se fiscaliza en “tiempo real” y aclaró que eso no significa inmediatamente. Sin embargo, sí existe una obligación para partidos políticos, candidatos, precandidatos, jefes de campaña y proveedores de alimentar un sistema electrónico de fiscalización.
Para fortalecer estos mecanismos, explicó que, en la Ley General de Delitos Electorales, se establecen las competencias de las autoridades para investigar delitos como compra de votos o repartición de dádivas provenientes del recurso público.
En esta ley se debería reformar para que se integre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dándole facultades para coordinarse con las fiscalías electorales federales o estatales. Resaltó que esta es responsable de verificar la procedencia y destino de los recursos en las campañas electorales.
No deben ganar candidatos vinculados al crimen organizado
El exconsejero señaló que en la Ley General de Partidos Políticos deberían poner “candados” respecto a los gastos de precampaña. Complementó que una de las principales “ventanas” de oportunidad para que el crimen organizado se infiltre en los procesos comiciales se encuentra en las precampañas.
Detalló que, durante esta fase, los precandidatos pueden recibir dos tipos de financiamiento: el público, que es el dinero que los órganos electorales les otorgan y el financiamiento privado, que proviene de las aportaciones que hacen los militantes y simpatizantes.
Fue en este segundo rubro donde puso el acento, al señalar que “ahí es en donde se puede inmiscuir también el dinero proveniente de fuentes ilícitas”.
En ese sentido, se puede eliminar la posibilidad de que en las precampañas se reciban recursos de militantes y simpatizantes. Sugirió que lo ideal sería que el precandidato y el partido político funcionaran únicamente con el recurso proveniente del erario público durante la precampaña.
Sin embargo, el especialista advirtió que esta modificación no es menor ni puede lograrse con una simple ley secundaria. Explicó que para implementar esta medida se tendría que involucrar a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero también a la Constitución federal.
Puedes leer
Reformas en fiscalización para recursos a candidatos
En materia fiscal, dijo que las reformas tienen que contemplar que muchas personas no pagan impuestos, incluso aquellas que están dadas de alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y cuentan con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo, o muchas otras que tienen su RFC suspendido en actividades económicas, simplemente no tributan.
Esta opacidad, advirtió, representa una oportunidad para que recursos de origen desconocido se filtren en los procesos electorales.
Por ello, se debe realizar una reforma para que exista la obligación de que, para efectos del financiamiento privado en épocas de precampaña y campaña electoral, sea necesario que las personas que realicen aportaciones –ya sea en dinero o en especie– a partidos políticos, candidatos o precandidatos tengan que facturar dicha aportación.
Actualmente, señaló, no se exige factura, lo que impide tener un contribuyente perfectamente identificado e identificable como origen del recurso. Además de un destinatario claro (el partido, el candidato o el precandidato).
Esta medida permitiría a las autoridades fiscales y electorales verificar la procedencia lícita de los recursos y detectar posibles operaciones vinculadas al crimen organizado.
En su opinión, la ley fiscal tendría que obtener esa modificación, incluyendo el tema de las campañas en los códigos fiscales, tanto a nivel federal como en el de los estados.
Sobre el financiamiento privado a partidos
Durante la entrevista, el exconsejero puntualizó que el sistema de fiscalización señala que el dinero proveniente de la iniciativa privada solamente representa un porcentaje menor en comparación con el erario público.
Es decir, prevalece el financiamiento público sobre el privado. El financiamiento público está fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta instancia es la única autoridad en todo el país encargada de revisar tanto los recursos públicos como los privados.
Sin embargo, el problema es justo con el dinero privado que reciben los partidos políticos o candidatos. Ello debido a que ahí hay muchas maneras de disfrazar el origen de los recursos.
No obstante, no sugirió que debían eliminarse los financiamientos privados, sino que se deben implementar mecanismos adicionales de control. Ejemplo de ello, la obligación de que todas las aportaciones se hagan mediante cheque o transferencia, con el fin de que haya un rastro bancario.
Recordó que, si se reduce el financiamiento público, eso no significa automáticamente que puedan aumentar el privado. Ello debido a que la propia Constitución establece topes máximos de aportaciones privadas.
Mecanismos internos de los partidos políticos
Sobre los mecanismos internos de los partidos, puntualizó que tienen plena libertad para emitir sus convocatorias y registrar a quienes decidan competir por una candidatura.
Este sería un primer filtro fundamental, pues los partidos podrían poner en sus requisitos mecanismos para verificar que el precandidato o precandidata acredite que no tiene ningún nexo o lazo con el crimen organizado, ya sea por relación familiar, parentesco o vínculo de naturaleza económica o laboral.
No obstante, reconoció que esta parte de la fiscalización puede ser compleja, porque el solo hecho de que un candidato declare no tener esos vínculos no es suficiente.
Si en el transcurso de la campaña se le acredita algún nexo con el crimen organizado, tendría que haber una sanción automática para retirar la candidatura y darle al partido la oportunidad de sustituirlo.
Este mecanismo, añadió, podría regularse a través de una reforma a la Ley General de Partidos a nivel federal. Además de incluirse en el código electoral local y en los acuerdos que emita el instituto electoral estatal.
Esto establecía el Plan A de Sheinbaum
En el Plan A de la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, se establecía en el artículo 41, que los candidatos y partidos deberían reportar, para fines de fiscalización, todos los bienes, gastos y operaciones financieras realizadas durante campañas y precampañas.
También, prohibía que los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos independientes se financien u operen con recursos provenientes de actividades ilícitas, específicamente del crimen organizado.
Para ello, las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera podrán solicitar información relevante de los candidatos “para salvaguardar la integridad” de las elecciones.
