Los activistas Renato Romero y Pascual Bermúdez acudieron a una audiencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF) de Puebla por el bloqueo realizado en la autopista México-Puebla en 2024; sin embargo, un grupo de personas se manifiestó en su contra.
A través de un video difundido en redes sociales este miércoles 22 de julio, se pueden observar un grupo de personas con gorras blancas que protestan con pancartas afuera del Centro de Justicia penal Federal de Puebla.
De acuerdo con los activistas, las cartulinas tenían mensajes a favor de los proyectos impulsados por el gobierno de Puebla.
Asimismo, los colectivos y personas que se encontraban en inmediaciones del lugar se retiraron. Cabe mencionar que las autoridades reportaron la presencia de ambos grupos, por lo que no hubo lesionados.
Trasciende que la audiencia de Renato Romero y Pascual Bermúdez continúa en la PJF de Puebla ya que no hay reporte de su salida.
Hasta el momento de la redacción de esta nota, Pascual Bermúdez no ha difundido algún video o posicionamiento de la situación.
Activistas enfrentan proceso desde 2024
Los activistas comunitarios Renato Romero Camacho y Pascual Bermúdez Chantes enfrentan un proceso penal en el ámbito federal tras encabezar protestas contra la explotación de pozos en San Miguel Xoxtla.
El conflicto escaló el 28 de mayo de 2024, cuando pobladores realizaron un bloqueo en la autopista México-Puebla para frenar la extracción hídrica.
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Derivado de esta manifestación, Caminos y Puentes Federales (Capufe) interpuso una denuncia promovida ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Posteriormente, el 1 de julio de 2025, Romero fue detenido por la Fiscalía de Puebla acusado de despojo por la empresa Concesiones Integrales.
Tras su liberación, 48 horas después y de su absolución del ámbito local en enero de 2026, el frente legal se trasladó al fuero federal. El 1 de septiembre de 2025, ambos activistas comparecieron en audiencia inicial por el delito de ataques a las vías generales de comunicación.
Aunque siguen el proceso en libertad, diversas organizaciones han denunciado desde entonces la criminalización de la protesta social.
