La jueza María del Carmen Ruiz Medina, revocó la suspensión “por error” que protegía al defensor del agua Pascual Bermúdez de una orden de aprehensión. Colectivos se manifestaron afuera de Ciudad Judicial para exigir que paren los procesos judiciales por parte de Agua de Puebla contra activistas.
El Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla emitieron un comunicado en el cual informaron que la Jueza Cuarto de Distrito en Materia Penal, retiró la suspensión que protegía al defensor del agua Pascual Bermúdez, tras confundir los informes de dos jueces diferentes.
Señalaron que originalmente, el amparo presentado por Bermúdez señalaba como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula, quien sí emitió la orden en su contra.
Sin embargo, la jueza solicitó un informe provisional a otro juez de la Región Centro, con sede en Puebla, quien al no haber girado ninguna orden, negó los actos reclamados.
Este error judicial dejó sin protección a Bermúdez, quien ahora enfrenta el riesgo de ser detenido, a pesar de que en audiencias previas no se comprobaron los delitos que la empresa Agua de Puebla le imputa.
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Ante esta situación, colectivos de Nealtican y Xoxtla se manifestaron enfrente del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Judicial, San Andrés Cholula. Pidieron que los jueces dejen de favorecer a Agua de Puebla ya que, acusaron, explota los mantos acuíferos y deja sin abasto de agua a las comunidades.
Indicaron que la decisión de la jueza agrava la criminalización en contra de Pascual Bermudez y viola sus derechos, ya que los cargos no justifican prisión preventiva. Además, esta situación le impide presentarse de manera segura ante el juez de Cholula para defenderse.
Cabe señalar que el pasado miércoles 10 de julio, Pascual Bermúdez Chantes, dio a conocer que recibió un citatorio para presentarse ante los juzgados penales federales en la ciudad de Puebla como parte de la causa penal 545/2025.
El activista señaló que el citatorio podría estar vinculado al cierre de la autopista México-Puebla del pasado 28 de mayo, en el que participaron cientos de pobladores como medida de presión para exigir que el ayuntamiento anulara el acuerdo con Concesiones Integrales para la explotación del pozo 4.
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