La salida de Gustavo Gaytán Alcaraz de la dirección del Soapap es un acierto para resolver el problema del agua, aunque su gestión debe ser “revisada con lupa” y enfrenar responsabilidades administrativas; también, es necesario que se realice una reingeniería interna.
Así lo señaló en entrevista con este medio, Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente en el marinismo, ya que consideró a Gustavo Gaytán como responsable de la falta de cumplimiento de la empresa Agua de Puebla.
Dijo que el otrora director fue el que revisó los términos del contrato de concesión, y también era el responsable de la revisar si la empresa cumplia con sus obligaciones como concesionaria, así como de dar mantenimiento al sistema y brindar el servicio de agua.
Él (Gustavo Gaytán) es el responsable de todo el deterioro, el daño ambiental, la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de los ríos, el fracaso del Soapap, porque cuando se lo entregaron no estaba quebrado, él es el responsable de todo esto.
Castillo Montemayor asentó que la privatización del servicio de agua potable tenía como objetivo crear ingresos suficientes para pagar la deuda que se contrajo para modernizar el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), así como construir las plantas de tratamiento, lo que al final no ocurrió.
Detalló que “es un acierto” la decisión que tomó el gobernador Alejandro Armenta Mier, aunque consideró que debió hacerse desde administraciones anteriores. Expuso que, si bien llega Josefina Morales Guerrero a dirigir el Soapap, debe haber una reingeniería en todas las áreas del organismo.
Necesarios, cambios en áreas de Soapap: Montemayor
Esto, porque hay puestos clave que eran parte del equipo de Gustavo Gaytán y que igual fallaron, ya que hay un responsable para cada área de operación del agua. En ese sentido, espacios como la de administración, tarifas, saneamiento e ingresos, tendrían que revisarse.
Incluso, sostuvo que hace 15 años Soapap tenía una producción de 4 mil litros de agua por segundo, mientras que en el informe pasado que rindió ante el Congreso, se dijo que eran alrededor de 3 mil 500 litros, esto, a pesar de que hay más pozos. Consideró que esto es muaestra de que “desgraciaron el acuífero”.
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No falta agua, hubo mala administración de Gustavo Gaytán
Aseveró que no es que falte agua, sino que existe una mala administración y gestión del agua. Además, falta vigilancia hacia la empresa para que cumpla con su función de invertir en infraestructura hidráulica.
Yo esperaría que con la auditoria que se anunció se corrijan las deficiencias que hay, que se cambie a todo el aparato que tenía Gustavo Gaytán y pongan a nuevo, porque hay mucha gente que sabe sobre regulación y administración del agua y que sí vigile el cumplimiento de Agua de Puebla.
Hizo énfasis en que dos puntos que se deben cuidar en un sistema operador es la calidad del agua y la satisfacción a los usuarios, además de la cantidad estableciendo una cadena de custodia. Expuso que el problema son los altos costos de producción que se traduce en tarifas altas que la gente no puede pagar.
Remarcó que las tarifas actuales “están muy infladas” porque hay ineficiencia en el servici. Por ello, explicó que si las autoridades eficientan el control de costos y mejora de la distribución, se podrían bajar las tarifas sin afectar la situación financiera del organismo y la empresa.
Y es que, puso en duda la inversión que ha hecho Agua de Puebla, pues no ha dado resultado y no cumplió con los montos establecidos en el contrato. Además, sigue cobrando el saneamiento sin otorgarlo. Castillo Montemayor no descartó que existiera un contubernio entre Soapap, con Gustavo Gaytán al frente, y la empresa.
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Viable que gobierno adquiera 75% de Agua de Puebla
En ese tenor, sobre la posibilidad de que el gobierno estatal adquiera el 75 por ciento de las acciones de Agua de Puebla por un monto de 3 mil 625 millones, cifra que ofertó la firma filipina Manila Water, Castillo Montemayor sostuvo que, si es viable, pero debe haber voluntad.
Puntualizó que incluso es menor que lo que se daría para revocar la concesión, que, de acuerdo con las autoridades, son 7 mil millones de pesos, además del proceso jurídico que se seguiría.
Por ello, consideró que sería positivo porque el gobierno pase a ser el dueño de la mayoría de las acciones y tener a su cargo las decisiones financieras, sociales, operativas y administrativas de la empresa. Aunque, acotó, para eso se requiere tener un equipo capacitado en la materia.
