Defensores del agua pidieron que auditoría ordenada por el gobernador Alejandro Armenta al Soapap del periodo en el que estuvo al frente Gustavo Gaytán Alcaraz, sea por omisiones como falta a convenios en Xoxtla, Nealtican y Santa María Acuexcomac, así como la criminalización de los activistas.
Este 30 de enero, los defensores del agua Pascual Bermúdez, Renato Romero y Yesenia Popoca ofrecieron una rueda de prensa para solicitar al gobierno que la auditoría contra Soapap no sea una simulación.
El activista Pascual Bermúdez explicó, con documento en mano, que uno de los grandes atentados contra la comunidad de Xoxtla fue que el Soapap, mediante el contrato número SOAPAP-GSTS-ADQ-2024-007, adjudicó de manera directa el pasado 28 de mayo de 2024 a la empresa Comercializadora, Consultoría y Construcciones Ambientales S.A. de C.V. un monto de 1 millón 94 mil pesos.

Dicha suma, de acuerdo con el documento, era para la renta de camiones tipo pipa destinados al suministro de agua potable en la comunidad de San Miguel Xoxtla. Los pobladores señalan que dicha renta fue solo por 20 días para vehículos cisterna de 20 mil y 50 mil litros.
Apuntaron que los camiones nunca se vieron en la comunidad para suministrar agua a la población de Xoxtla. Incluso acusan que el agua que habría abastecido a dichos camiones provenía del pozo 3 de Xoxtla, la cual después era llevada a otro lugar que desconocen.
Acciones de opacidad entre edil de Xoxtla y Soapap
Pascual Bermúdez también dio cuenta de que en 2025, la presidenta municipal de Xoxtla reportó, de abril a septiembre, el suministro de 797 pipas de 10 mil litros a la comunidad de San Miguel Xoxtla.
Acusaron que ese servicio nunca se llevó a cabo en la comunidad. El contrato que se suscribió fue el SOAPAP-GSTS-ADQ-2025-005, firmado por el Soapap por un monto de un millón 760 mil pesos a favor de la empresa Hidráulica Termofusión y Construcción Urbana ROJMAR S.A. de C.V.

Dicho contrato, destinado al servicio de suministro de agua potable mediante pipas en la comunidad de San Miguel Xoxtla, y adjudicado de manera directa, simuló la entrega de las pipas del 12 de abril al 30 de septiembre de 2025.
Omisiones de Soapap en Nealtican y Santa María Acuexcomac
Por su parte, Yesenia Popoca, integrante del Comité en Defensa del Agua en Nealtican, señaló que, desde 1994, Agua de Puebla firmó convenios para extraer el recurso hídrico de dichas comunidades. Los pueblos tuvieron que ceder ante la presión, ya que al defender sus recursos fueron reprimidos y privados de la libertad.
De acuerdo con la activista, dicho contrato está por concluir y esperan que se cancele, pues el Soapap está extrayendo hasta el 200 por ciento más de los metros cúbicos establecidos en el contrato.
Aseguró que se llevan hasta el 60 por ciento del agua que extraen de los pozos, dejando solo el 1 por ciento para la comunidad. Yesenia Popoca informó que una de las cláusulas establece que, si hay desabastecimiento de agua en la comunidad, se cancelarían los contratos; pero eso no ha sucedido, a pesar de que ya es una realidad.
Persecución de Gaytán contra defensores del agua
Otra de las razones por las cuales exigen que la auditoría a Soapap y a Gustavo Gaytán no sea una simulación es porque lo señalan como un personaje que se ha dedicado a criminalizar a los pueblos y defensores.
Recordaron que, en 2012, la protesta por el desabasto de agua en Santa María Acuexcomac (que consistió en bajar las cuchillas de cuatro pozos que llevan el agua a la ciudad de Puebla) provocó eldesalojo de la población por granaderos y la emisión de 10 órdenes de aprehensión contra pobladores de Santa María Acuexcomac.
Señalaron que Gustavo Gaytán, como Director Jurídico del Soapap, estuvo al frente de la persecución penal. También dijeron que falseó su declaración para acusar a Juan Carlos Flores de haber estado en la protesta de Acuexcomac, cuando no estuvo presente, y que por ese motivo fue encarcelado 10 meses, del año 2014 al 2015, durante el gobierno de Moreno Valle.





