La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo operativos de supervisión en penales de Puebla y Tepexi en los que aseguró más de 85 objetos punzocortantes.
Así lo informó el gobierno del estado este 14 de mayo, donde destacó que la movilización estuvo encabezada por la SSP y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN)
Los operativos se efectuaron en el penal de Puebla y en el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez. Ello para preservar el orden entre las personas reclusas con el decomiso de objetos restringidos al interior de los inmuebles.
Así pues, en el penitenciario de Puebla se localizaron 65 objetos punzocortantes y 19 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas. Por otra parte, en dispositivos electrónicos, confiscaron 15 teléfonos celulares, bocinas y agujas para tatuar.
Asimismo, en Tepexi de Rodríguez los policías custodios aseguraron 22 objetos punzocortantes, tubos de acero y pedazos de varilla.
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Directores de penales en Puebla recibirán hasta 12 años de prisión por permitir celulares
En el Congreso de Puebla, el diputado Miguel Trujillo pidió revisar una iniciativa que propuso en 2024. Esta planteaba dar hasta 12 años de prisión a directores de los penales y ocho a los custodios que permitan el ingreso de celulares en los Ceresos.
El legislador de Morena señaló que el objetivo es reducir delitos que se cometen desde los Centros de Reinserción Social (Ceresos) como extorsión y fraude.
Además, la reforma pretende otorgar de seis a 12 años de prisión a directores de penales o autoridades que faciliten el ingreso de teléfonos celulares. El cambio al código penal también incluirá sanción en caso de ingreso o ayuda en el acceso de computadoras portátiles o cualquier dispositivo electrónico.
De igual forma, se aplicará una multa que va de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (Umas), es decir hasta 117 mil pesos. De tratarse de personal del Cereso, la condena podrá ir de cuatro a ocho años de prisión y una multa de hasta 234 mil UMAs.
Finalmente, en ambos casos se ejecutará la destitución inmediata del cargo e inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier puesto en seguridad pública.