El diputado Miguel Trujillo pidió al jurídico del Congreso de Puebla discutir una iniciativa que propuso en 2024 para dar hasta 12 años de prisión a directores de los penales y hasta ocho años a los custodios que permitan ingreso de celulares en los Ceresos, con agravantes si se usan para ilícitos.
En rueda de prensa del Congreso de Puebla, el legislador de Morena remarcó que esta propuesta tiene como objetivo reducir delitos que se cometen desde los Centros de Reinserción Social (Ceresos) como la extorsión y el fraude. Miguel Trujillo aseguró que incluso existen “call centers” dentro de los penales.
Se trata de una reforma al código penal para otorgar penas de tres a seis años de prisión a directores de penales o quienes introduzcan o faciliten el ingreso de teléfonos celulares. En este contexto, también se incluyen tabletas, computadoras portátiles o cualquier dispositivo electrónico similar sin autorización en las prisiones.
Además de una multa que va de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (Umas), es decir hasta 117 mil pesos.
Directores de penales serán sancionados si permiten ingresos de celulares
Las sanciones se elevarán cuando el responsable sea personal del centro penitenciario, estableciendo de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de hasta 234 mil UMAs. Así como, la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier puesto en seguridad pública.
La propuesta también contempla agravantes significativas si los dispositivos ingresados se emplean para extorsionar, amenazar o intimidar. También aplica en casos de fraudes o engaños que afecten el patrimonio, la seguridad o la integridad de las personas o difundir contenido ilícito que perjudique derechos de terceros.
En esos casos, se sumarán de cinco a diez años de prisión adicionales y multas de hasta 468 mil UMAs.
De manera paralela, los directores o encargados de los centros penitenciarios enfrentarán de seis a doce años de prisión y multas de 585 mil UMAs e inhabilitación por diez años en caso de permitir celulares dentro de los penales. Esto aplicará si, por acción u omisión, se acredita su participación, colusión o negligencia en estos delitos.
Además, la iniciativa obliga a los centros penitenciarios poblanos a implementar medidas tecnológicas y administrativas para impedir el uso no autorizado de dispositivos electrónicos.
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