Tras la revista vehicular que se hizo, de las 37 mil concesiones que estaban registradas en Puebla, solo quedaron 24 mil 730 unidades de transporte vigentes, es decir, bajó en 33 por ciento; 3 mil 137 no cumplieron, pero podrán hacerla pagando una multa que va de los 19 a los 28 mil pesos.
Lo anterior, lo dio a conocer en la rueda de prensa la secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, quién agregó que está proceso se hace luego de 12 años que hubo omisión de las autoridades.
La funcionaria recordó que entre julio y noviembre realizaron la revista vehicular del transporte público en Puebla, de las que quedaron 24 mil 730, eliminando registros de unidades vinculadas a concesionarios fallecidos o vehículos que no actualizaron en más de 12 años.
De dicha cantidad, 16 mil 514 cumplieron con dicho procedimiento en el tiempo establecido, 3 mil 321 participaron en el censo sobre la antigüedad de años que tenían, mientras que 3 mil 137 no acudieron a la revisión física de sus unidades.
Detalló que esto se dio a pesar de que las unidades cuentan con pagos al corriente y vehículos vigentes para continuar con el servicio, por lo que es una falta que, por ley, amerita la revocación inmediata de la concesión. Comentó que se hicieron 21 mil 780 trámites atendidos con éxito.
Por ello, mencionó que en un acto de “sensibilidad y justicia social” y por instrucción del gobernador, se otorgó una última vía de regularización para 3 mil 137 concesionarios del transporte público que, pese a tener sus unidades en regla y sus pagos al corriente, omitieron cumplir con la revista vehicular.
Sanciones y multas que se aplicarán
Refirió que dicho proceso será el la explanada del estadio Cuauhtémoc, aunque no precisó qué tiempo tendrán para hacerlo. Precisó que previamente deberán pagar una multa que en la secretaría asciende a 165 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) vigente, que son 19 mil 356.5 pesos.
Sin embargo, advirtió que si no lo hacen y son detectados en los operativos, mismos que iniciaron este martes, la multa será de 245 UMAs, que asciende a 28 mil 840.9 pesos.
Tanús Osorio dejó en claro que esta medida no debe confundirse con una ampliación de plazos gratuita, ya que se trata de una sanción económica directa por el incumplimiento de una obligación legal.
“No es una prórroga, sino un gesto de buena voluntad para evitar la pérdida de concesiones. Vamos a sancionar a quienes, teniendo todo para cumplir, pensaron que no iba a pasar nada y que no habría consecuencia alguna. No es perjudicar por perjudicar, es ordenar, mejorar el transporte y aplicar la ley en beneficio de los usuarios”, sentenció.
Finalmente, dijo que se pedirá a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que se inicie un procedimiento administrativo en contra de los exfuncionarios que fueron omisos en la revisión del transporte público, pues eso orilló a lo que se tiene actualmente.
