El ayuntamiento de Puebla, prepara un proyecto orientado a la implementación de tecnología para disminuir la cantidad de residuos sólidos y lixiviados en el relleno sanitario “El Chiltepeque”, así lo informó el secretario General de Gobierno (SGG), Francisco Rodríguez Álvarez.
En conferencia de prensa ofrecida este 11 de febrero durante los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el funcionario señaló que la medida responde a las denuncias ciudadanas de habitantes de Santo Tomás Chautla, quienes han manifestado su preocupación por los impactos ambientales del sitio.
En ese sentido, dijo que están en contacto con algunas empresas para evaluar, con base en nuevas tecnologías de separación de residuos, lograr que la menor cantidad posible de desechos finales ingresen al relleno.
El funcionario no mencionó ni los montos de inversión o plazos estimados para la puesta en marcha del proyecto, aunque aseguró que las negociaciones se encuentran en una fase avanzada.
Sobre la concesión del relleno sanitario, Rodríguez Álvarez informó que en 2024 se realizó una renovación del contrato. Previamente, en 2022 se había efectuado otra modificación que proyectaba el fin de la vida útil del basurero para 2027; sin embargo, con la actualización, el periodo de concesión se extenderá hasta 2031.
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Armenta y Chedraui acuerdan proyecto en Chiltepeque
Un día antes, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier informó que, junto con el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, acordaron una intervención conjunta en el relleno sanitario de Chiltepeque.
El objetivo del proyecto es frenar la contaminación provocada por el escurrimiento de lixiviados del relleno de Chiltepeque, que actualmente alcanza el río Alseseca y llega hasta la presa de Valsequillo, uno de los cuerpos de agua más importantes de la región.
Alejandro Armenta calificó la concesión actual como una herencia de administraciones pasadas y aseguró que su gobierno, en conjunto con el municipio, trabaja en su atención de manera prioritaria.
El gobernador evitó precisar si dicha intervención implicará la revocación de la concesión, la aplicación de sanciones a los responsables o la inversión de recursos públicos para el saneamiento del área.
Organizaciones civiles y ambientales han señalado que no basta con reducir los residuos y atender el problema de los lixiviados; también consideran necesario implementar un plan integral de reparación de daños ambientales y sociales derivados de la operación del relleno sanitario.
