La comparecencia de Agua de Puebla y Soapap “exhibió” las fallas e incumplimiento de la empresa, por lo que organizaciones insistieron que hay argumentos para revocar la concesión sin indemnizarla. Además, agregaron que tampoco puede deslindarse de las inundaciones ocurridas por las lluvias.
Así lo señalaron este miércoles en rueda de prensa María Eugenia Ochoa García y José Luis Bello González, de la Asamblea Social del Agua (ASA) y Lluvia García Vilchis, de la Colectiva por el Bienestar Social, quienes agregaron que esto es producto de la “privatización del servicio”.
Manifestaron que la comparecencia de la empresa y el sistema operador fue “poco transparente”. Además, dejó vacíos en lo que se ha hecho con la administración del servicio público, drenaje y saneamiento. Lo anterior desde 2014, cuando se dio la concesión.
Ochoa García manifestó que solo están cumplidos nueve de los 31 indicadores establecidos en el contrato de concesión. Por ello, solicitó que se haga una auditoría a la inversión ejecutada por la empresa en los últimos años. También, pidió que el Soapap informe si cuenta con un listado de núcleos poblacionales donde se da el servicio.
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Asimismo, refirió que se tendrían que presentar los mecanismos con los que la empresa justifica los cortes, controles de cumplimiento y un plan de control de fugas. Esto ya que no se puede permitir que el 40 por ciento del vital líquido se pierda en tuberías obsoletas.
En tanto, García Bello remarcó que la “inoperancia e ineficiencia” es clara. Además, el hecho de que Agua de Puebla solo cumpla con nueve indicadores, es un argumento para revocar la concesión. Ello en vista de que hay violaciones al derecho humano al agua.
Asimismo, dijo que la empresa Agua de Puebla no puede deslindarse de las inundaciones registradas con las últimas lluvias en la capital. Recalcó sobre todo la zona del Centro Histórico, ya que cobra el 30 por ciento por concepto de drenaje y saneamiento en los recibos que entrega.
Empresa sí tiene responsabilidad en inundaciones
Explicó que la Ley Estatal del Agua en su artículo 33 establece que los prestadores de servicios tendrán que revisar, supervisar y diseñar periódicamente un programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Además de que, tomando en cuenta el incremento de los recursos, se deben hacer acciones para su correcta distribución.
Igualmente, recordó que el artículo 76 establece que las aguas pluviales están catalogadas en las redes públicas para su distribución y tratamiento. Debido a lo anterior, es responsabilidad de la empresa atender situaciones de contingencia que saturen los sistemas de lluvia. Consecuentemente, criticó que esto no haya sido cuestionado en el Congreso local.
Por su parte, García Vilchis hizo énfasis en que desde hace 3 años cuentan con un amparo en el que se reconoce que la empresa no ha cumplido con el saneamiento y tratamiento de las descargas, a pesar de que lo cobran y que tendría que regresar dicho recurso a los usuarios.
Ante esto, los tres activistas afirmaron que son argumentos con los que el gobierno estatal podría revocar la concesión. Esto sin que se pague una indemnización como lo ha argumentado la administración estatal.
Consideró que si hay condiciones para cancelarla y que en su lugar sea operada por el estado. Ello a través del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) o de otro ente. Agregó que, de esta forma, incluso podría funcionar mejor que como está actualmente.
