El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU publicó un informe donde señala fallas estructurales en la respuesta del Gobierno de México para resolver la crisis del país. En respuesta la SRE afirmó que el informe es “tendencioso” y no toma en cuenta los avances desde el 2018.
Según el informe del CED, México ocupa el primer lugar mundial en acciones urgentes por desaparición forzada. Por lo que solicitó al secretario general de Naciones Unidas (ONU) que remita la situación a la Asamblea General.
La ONU resalta que, en México hay una falta en la protección a familiares y colectivos buscadores, además de retrasos en investigaciones por desaparición. Además, de falta de efectividad en mecanismos de búsqueda. Por ello, el país estaría bajo escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
Respuesta de México por informe de desaparición de la ONU
En cambio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que el informe no toma en cuenta las actualizaciones presentadas por el Gobierno de México. Afirman que, incluso, en dicho análisis se demuestran argumentos que no coinciden con la misma definición de desaparición forzada. Esto ya que el CED habla de desapariciones cometidas desde el Estado, lo que correspondería a periodos anteriores.
Señalan que el informe de la ONU es “parcial y sesgada”, que no presenta los avances del informe que presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 27 de marzo en materia de desaparición. “Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas”, se lee en el comunicado.
Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 –administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada.
¿Cuáles son esos avances en materia de desaparición?
Afirmaron que, en julio de 2025, se aprobaron reformas a la ley de desaparición, las cuales no se consideraron en el informe. Esto como parte de un proceso conjunto y dialogado con familias, colectivos y activistas. Dichas reformas son:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Afirmaron que México siempre prioriza la cooperación internacional y técnica, como con la ONU, para combatir el fenómeno de la desaparición. Aunque “no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.
En respuesta, la CED afirmó que este procedimiento tiene un carácter preventivo, con el objetivo de movilizar la atención y apoyo internacional. En cambio, no tienen el propósito de establecer una responsabilidad penal. Además, aseguraron que este informe se basó en la información que presentó la sociedad civil y la información que recopiló el comité desde 2012.
