Tras casi 6 años del ataque con ácido en contra de activista María Elena Ríos Ortiz, la también saxofonista señaló que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) favoreció al exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal en su intento de feminicidio en su domicilio en Huajuapan de León, Oaxaca.
Así lo expuso en redes sociales Elena Ríos este 14 de mayo. Evidenció los mensajes anónimos en donde señalan el uso de influencias económicas de Juan Antonio Vera Carrizal. A fin de impedir el análisis de cinco amparos interpuestos por los involucrados en la agresión.
Además de la resolución de la SCJN, la activista Elena Ríos recordó que desde diciembre de 2024 el exlegislador permanece fuera de prisión en un hospital privado por supuestos problemas de salud.
Mientras sus familiares han impedido evaluaciones médicas independientes para verificar su estado clínico. Además, recordó que uno de los presuntos involucrados en el ataque continúa prófugo.
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FGR pide a SCJN analizar violencia ácida contra Elena Ríos
Esto luego de que la titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República (FGR), Carmen Lucía Sustaita Figueroa, pidió a la SCJN analizar el caso de Elena Ríos.
Con el propósito de definir cuál es la interpretación que debe darse al artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales para emisión de una providencia precautoria.
Además, de determinar los criterios para valorar con perspectiva de género los datos de prueba ofrecidos por las partes en la audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva justificada. Al tratarse del intento de feminicidio contra María Elena Ríos tras ser víctima de violencia ácida en 2019.
En virtud de ello, sólo votaron a favor de atraer el caso las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahfl. Además del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Mientras que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida para participar en la votación.
La ministra de la SCJN argumentó que, de acuerdo con la causal de impedimento establecida en la fracción octava del artículo 51 de la Ley de Amparo, debe garantizar imparcialidad en el caso de Elena Ríos tras el ataque con ácido en 2019.
En razón de que, como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, de la FRG tuvo conocimiento de los hechos. Incluso coadyuvó a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. En donde, inicio de la carpeta de investigación y su seguimiento.
Cabe decir que durante 2025, se registraron 336 casos relacionados con amenazas y ataques por violencia ácida en México. De acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
