Agnes Torres Sulca y Cecilia Monzón Pérez tuvieron en común dedicar sus vidas a defender la igualdad y prevenir la violencia de género en Puebla; también las une el que sus asesinatos no detuvieron su lucha y su legado dio por resultado la Ley Agnes y la Ley Monzón.
Torres Sulca, psicóloga, sexóloga y activista transgénero que luchó por los derechos de la comunidad Lgbtiq+ fue asesinada el 9 de marzo de 2012. Su caso derivó en una investigación en contra de Jorge N., pareja de la activista, y sentencias en contra de otros cuatro autores materiales en el delito de “homicidio calificado” pero no por crimen de odio, feminicidio ni transfeminicidio.
Por ello, diversas organizaciones feministas y Lgbtiq+ impulsaron un paquete de reformas basadas en las investigaciones que Torres Sulca realizó durante su trayectoria profesional, así cómo en los derechos a la identidad de personas transexuales que defendió como activista.
De ese modo, el 25 de febrero de 2021, el Congreso de Puebla aprobó la Ley Agnes que permite a las personas transgénero cambiar su nombre en documentos legales y que estos respeten su identidad de género. Esto, a través de una reforma al Código Civil del Estado que garantiza el derecho a una nueva acta de nacimiento conforme al género autopercibido.
Además, entre el paquete de reformas en su honor también se encuentra la incorporación al Código de Defensa Social de Puebla el termino de crimen de odio como agravante del asesinato por motivo de orientación sexual.
Estas reformas resultaron de más de una década de movilizaciones y protestas por parte de la comunidad Lgbtiq+ así como de un exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que el Congreso de Puebla reconociera estos derechos.
Ley Monzón honra a una defensora de las mujeres
Cecilia Monzón Pérez fue una abogada penalista y activista en la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Fue integrante de Mujeres Líderes de las Américas y promovió un juicio para proteger sus derechos políticos con la que ganó un procedimiento por violencia política de género en Puebla.
El 21 de mayo de 2022 la abogada conducía entre la ciudad de Puebla y Cholula cuando unos motociclistas dispararon en su contra ocasionando su deceso. Posteriormente, autoridades detuvieron a Javier López Zavala, excandidato a gobernador de Puebla por el PRI y presunto autor intelectual de su asesinato cuya sentencia aún está pendiente.
El político fue pareja de Monzón Pérez con quien tenía un proceso legal vigente donde demandaba la pensión alimenticia al hijo que tuvieron en común. Esta situación derivó en que, además de que activistas, familiares y amigos de la abogada demandaran justicia por su asesinato, existiera una preocupación por el menor de cuatro años.
El 3 de marzo de 2023, el Congreso de Puebla aprobó la Ley Monzón, la cual elimina la patria potestad a quienes reciban una sentencia por feminicidio y la suspende e los casos de quienes enfrentan investigaciones por este delito. Esta medida reconoce a los hijos como víctimas indirectas del feminicidio por lo que, en caso de que se encuentren presentes al momento del delito, la pena pasa de 40 a 60 años a una de 50 a 70 años de prisión.
También establece una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos en la investigación y les da 10 años de inhabilitación. Actualmente, la iniciativa ya se aprobó en Sinaloa, Tlaxcala, Nayarit, Colima, Tabasco, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.
Ley Olimpia y Ley Malena
Así como la lucha de Cecilia Monzón Pérez y Agnes Torres Días trascendió su asesinato a través de leyes en defensa de la igualdad y prevención de la violencia, el caso de violencia digital en contra de Olimpia Coral Melo llevó a convertirse en activista e impulsora de la Ley Olimpia.
Originaria de Huauchinango, su expareja divulgó un video privado con contenido sexual que se viralizó y llevó a Coral Melo a la depresión debido al impacto negativo que ocasionó en ella y a la ausencia de un castigo en contra de quien cometió la violencia.
Sin embargo, en marzo de 2014, con solo 19 años, Coral Melo presentó una iniciativa de reforma en el Congreso de Puebla para sancionar la violencia digital hasta con seis años de prisión a quienes compartan materiales íntimos sin consentimientos.
Actualmente, 31 estados ya reconocen este tipo de violencia digital como delito y Coral Melo continua defendiendo los derechos de las mujeres en Puebla, el país y a nivel internacional.
Cabe mencionar que, en el caso de Puebla, la Ley Monzón se aprobó junto con la Ley Malena que establece el agravante de violencia acida como tentativa de feminicidio. Fue María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña que sobrevivió en 2019 a un ataque con acido que presuntamente ordenó el exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal.
La propuesta surgió debido a que este tipo de ataques no eran considerados como tentativa de feminicidio pese al riesgo de muerte que representa para las víctimas. Aunque la Ley Malena, conocida también como Ley Acida ya se aprobó en 13 entidades, el caso de Ríos Ortiz aún no se resuelve.