La Profepa clausuró los trabajos de una obra de infraestructura por estar dentro de un Área Natural Protegida (ANP) en Huauchinango por afectaciones a terrenos forestales; además, aseguró equipo utilizado para el traslado de residuos peligrosos por incumplir la normativa.
A través de un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló que esto fue en dos acciones distintas en el estado de Puebla, durante la primera quincena de marzo, derivadas de incumplimientos a la normatividad ambiental.
La primera de ella fue el pasado 9 de marzo cuando inspectores de la Profepa realizaron una visita de inspección y detectaron trabajos de rehabilitación en una red de agua potable de 2.2 kilómetros en la localidad de Ocpaco, en el municipio de Huauchinango.
Las obras se desarrollaban dentro del Área Natural Protegida (ANP), denominada Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrológica del Río Necaxa. Esto sin contar con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para este tipo de actividades.
La Profepa señaló que la ejecución de estos trabajos sin permisos implica la remoción de vegetación y la alteración del entorno natural, lo que afecta la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales que brinda esta zona protegida.
Se determinó la clausura total temporal porque generó afectaciones a terrenos forestales en una superficie de 665 metros cuadrados, en tanto se resuelve el procedimiento administrativo correspondiente.
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Asegura Profepa equipo por incumplir normativa
El segundo hecho fue el 13 de marzo, luego de que personal de la Profepa atendió una solicitud de la Semarnat para verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de una autorización para el transporte de residuos peligrosos.
Durante la visita de inspección, se detectó el incumplimiento de dichas condicionantes y se aseguró un vehículo y dos tolvas utilizadas para el transporte de estos materiales. La medida se mantendrá hasta que se acredite el cumplimiento de la normatividad aplicable o se realice la baja correspondiente de las unidades.
La Procuraduría informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos en ambos casos. Asimismo, remarcó que su obligación es vigilar que las actividades se desarrollen conforme a la legislación ambiental, priorizando la protección de los ecosistemas y la seguridad ambiental.
