La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla emitió la recomendación 9/2026 donde pide al alcalde del municipio de Huaquechula, Raúl Marín Espinoza, indemnizar a la madre de un adolescente que murió tras intentar escapar de una patrulla.
Lo anterior por la violación de los derechos de seguridad jurídica del menor y el principio de legalidad por inobservancia del mismo.
De acuerdo al expediente de la CDH, el 10 de noviembre de 2024 aproximadamente a las 19 horas los oficiales acudieron al rancho “Los Ramones” en Huaquechula, Puebla, por el reporte de un robo cometido por un adolescente.
Tras asegurar al menor de 15 años, se dirigieron a una unidad de policía. Sin embargo, durante el traslado en la avenida de la Juventud, intentó escapar, forcejeo y saltó de la batea de la patrulla en movimiento.
El incidente ocasionó que perdiera la vida al momento de impactar contra el pavimento. Posteriormente, el dictamen médico describió la muerte como hemorragia causada por un traumatismo craneoencefálico.
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Derivado de las investigaciones de la CDH, por la difusión en medios del caso, se determinó que la violación de los derechos de seguridad jurídica fueron vulnerados, ya que los tres elementos de seguridad que lo acompañaban debían procurar la integridad del menor.
De esta forma, la CDH pide al ayuntamiento que indemnice el daño a la madre de la víctima, lo cual incluye los gastos funerarios y los ingresos futuros que habría percibido la víctima durante su vida .
Asimismo, deben proveer apoyo para todos los trámites legales que requieran los familiares de la víctima. Así como dar terapia psicológica especializada para afrontar la pérdida de las víctimas indirectas.
Por su parte, la Contraloría Municipal deberá continuar con la investigación y aplicación de las sanciones correspondientes a los tres policías involucrados en el caso.
Y, para evitar que se repita el incidente, las autoridades del Huaquechula deberán brindar una capacitación a la Seguridad Pública Municipal. Así, se pretende mejorar los protocolos de seguridad y las detenciones.
Finalmente, se deberá otorgar una disculpa pública, para reconocer la violación de los derechos de la víctima.