El gobierno federal sancionó a 35 personas servidoras públicas y tres empresas por cometer faltas administrativas mayores; el monto en multas asciende a poco más de 67 millones de pesos. En Pemex en donde más exfuncionarios resultaron sancionados con 13.7 millones de pesos.
De acuerdo a los informes las sanciones por faltas graves fueron determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que las faltas graves fueron resueltas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las medidas incluyeron destituciones, suspensiones de entre tres y 30 días, así como penalizaciones públicas y privadas en instituciones como Pemex, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, SAT, CNBV e IMSS.
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¿Qué sanciones tuvieron?
Entre los casos más relevantes destaca el de Pemex, donde varios ex funcionarios recibieron inhabilitaciones. Teniendo una inhabilitación de hasta 10 años y sanciones económicas por más de 13.7 millones de pesos. Lo cual se relaciona con irregularidades en contratos para la operación y resguardo de aeronaves, así como con pagos por servicios no recibidos.
Asimismo, un servidor público del IMSS recibió la mayor inhabilitación, de 15 años, por omitir informar a un paciente sobre los riesgos de un procedimiento quirúrgico.
Por su parte, Alimentación para el Bienestar impuso diversas inhabilitaciones y sanciones económicas por irregularidades. Como la compra de fruta deshidratada, sardinas y contratos de distribución de leche. Lo cual representa más de 53 millones de pesos.
El ISSSTE y Sepomex registraron sanciones por autorizar pagos indebidos, irregularidades administrativas y conflictos de interés, que derivaron en suspensiones e inhabilitaciones.
Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones conforme a la ley. Fortaleciendo su compromiso ante la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción. Además de invitar a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta contraria a los principios del servicio público.
