Cuando se debate sobre corrupción, la conversación se reduce a cuestiones punitivas. Antaño la corrupción era presentada como un problema técnico vinculado al control gubernamental, sin analizar su verdadera dimensión humana.
El estudio institucional de los DDHH se presenta insuficiente porque la corrupción no sólo es una desviación administrativa y/o un ilícito penal; es también un fenómeno que deteriora DDHH, profundiza desigualdades, debilita confianza pública y erosiona la dignidad humana.
Desde la experiencia en derechos humanos, y ahora también desde esta nueva etapa de formación doctoral en Anticorrupción y Sistemas Jurídicos, se fortalece aún más una convicción: quienes participar en espacios públicos buscando mantener procesos constantes de aprendizaje, tienen, tenemos la responsabilidad de traducir ese conocimiento en conversaciones útiles para la ciudadanía
Por lo anterior es que es obligado el Democratizar el conocimiento cuando profundiza en la formación en los DDHH, lo que significa que hay que traducirlo en conversaciones útiles para la ciudadanía. La Asamblea General de Naciones Unidas, al impulsar el Programa Mundial para la Educación en DDHH mediante su Resolución 59/113, reconoció que construir sociedades más justas implica formar ciudadanía, compartir conocimiento y fortalecer culturas públicas centradas en la dignidad humana.
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¿Se puede hablar de dignidad humana?
Esta lógica plantea una pregunta: ¿Tenemos derecho a vivir sin corrupción? Debe esbozarse una pregunta anterior: ¿Se puede hablar de dignidad humana en contextos donde la corrupción deteriora sistemáticamente el acceso a los DDHH? La evidencia apunta a que no.
En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI muestra con consistencia que más de ocho de cada diez personas consideran frecuentes los actos de corrupción en instituciones públicas. Cuando la percepción ciudadana alcanza los niveles anteriores, el problema deja de ser un asunto aislado para convertirse en un desafío estructural de legitimidad institucional y confianza pública.
La preocupación es de ámbito nacional, pues el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha mantenido a México en posiciones preocupantes durante los últimos años, lo que confirma que no estamos frente a un fenómeno coyuntural, sino frente a un desafío persistente de calidad institucional.
Es importante medir la percepción, pero hay que explicar consecuencias. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha sostenido con claridad que la corrupción afecta directamente derechos como la salud, la educación, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y la participación pública. Dicho de manera sencilla: cuando la corrupción interfiere en el funcionamiento institucional, no solamente se vulneran procedimientos administrativos; se afectan condiciones esenciales para una vida digna.
Los conceptos abstractos anteriores, se aterrizan en experiencias cotidianas de la siguiente manera:
- ¿Qué ocurre cuando una persona no recibe atención médica a tiempo?
- ¿Qué pasa cuando acceder a un trámite se convierte en un recorrido lleno de barreras innecesarias?
- ¿Qué sucede cuando algunas personas, para resolver un asunto, encuentran rutas más rápidas mientras otras enfrentan obstáculos constantes?
En esos casos, la corrupción deja de ser una categoría jurídica para convertirse en una experiencia humana.
Corrupción y los Derechos Humanos sin agendas separadas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido que la Corrupción y los Derechos Humanos no deben analizarse como agendas separadas, porque sus efectos recaen directamente sobre la dignidad humana y el ejercicio efectivo de derechos. Organizaciones como FUNDAR, -que busca avanzar hacia la democracia sustantiva y contribuir a generar cambios estructurales-, han insistido en que esos impactos no son neutros, porque afectan con mayor intensidad a quienes dependen más del correcto funcionamiento del estado como: personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad o quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social.
Por ello, reducir el combate a la corrupción a la lógica de sancionar, es insuficiente.
México cuenta con una arquitectura normativa relevante. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción incorporan obligaciones preventivas, principios de integridad pública y mecanismos de coordinación institucional.
Sin embargo, el verdadero desafío no es normativo. Es cultural.
Muchos de los problemas públicos que hoy enfrentamos son consecuencia del pasado donde las estructuras reaccionaban cuando el daño ya estaba hecho: corregían a posteriori y administraban consecuencias en lugar de prevenir causas. Aquí es donde los DDHH y anticorrupción deben dejar las agendas separadas para convertirse en una sola. Porque la corrupción deteriora el acceso a los derechos, profundiza la desigualdad y debilita la dignidad humana, por lo que combatirla también es defender DDHH. Debe reconocerse cuando la visión de DDHH aparece tarde: cuando la vulneración ya ocurrió.
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Lógica preventiva
Necesario gestionar una lógica preventiva orientada a construir instituciones más humanas, más íntegras, más confiables y verdaderamente comprometidas con el interés público, al entender que prevenir la violencia, las violaciones a DDHH y la corrupción forman parte de un todo que se debe abordar en una misma conversación pública.
No exista formalmente un DDHH con el nombre: “Derecho a vivir sin corrupción”. Pero existe una verdad evidente: las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, igualdad, acceso efectivo a derechos frente a instituciones orientadas al interés público, la legalidad y la integridad. Cuando la corrupción deteriora estas condiciones, combatirla es una exigencia de DDHH, no sólo una tarea administrativa o penal.
Gobernar cabalmente no consiste en corregir cuando el problema ya ocurrió; significa actuar anticipando el daño y provocar que no exista repetición del hecho, así es gobernar desde la perspectiva de derechos humanos.
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