La Comisión de Salud del Congreso de Puebla exigió verificar los anexos, ante las constantes violaciones a derechos humanos. Tienen registrados casos en los que estas instalaciones aprovechan a personas que buscan rehabilitación para involucrarlas en actividades de narcomenudeo.
En entrevista con Ángulo 7, la diputada Nayeli Salvatori, presidenta de la Comisión de Salud, destacó la necesidad de verificar los centros de rehabilitación mental y para adicciones, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos en los anexos.
Explicó que ya se trabaja en una iniciativa para su regulación y que, actualmente, existe un punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal contra las Adicciones (CESA) a colaborar con la Secretaría de Salud y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) para mejorar la prestación de estos servicios.
Punto de acuerdo para la regulación de anexos
El 15 de marzo de 2025, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó un punto de acuerdo en el que se instaba al CESA a promover acciones que permitan verificar de manera periódica de los servicios de salud mental y control de adicciones, tanto en anexos públicos como privados.
El documento también señalaba la necesidad de mantener actualizado el censo estatal de centros de atención en salud mental y adicciones. Así como implementar protocolos de denuncia para quienes consideren que sus derechos humanos han sido vulnerados.
Además, se reveló que, de los 26 Centros de Atención contra las Adicciones (CECA) existentes en Puebla, solo dos cumplen con las normas establecidas por la Federación.
Requisitos para los anexos a verificar
De acuerdo con el punto de acuerdo, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 establece que los centros de rehabilitación o anexos deben estar registrados ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) para proceder a verificarlos. Asimismo, deben contar con infraestructura adecuada y garantizar los derechos de las personas en tratamiento.
La norma también exige personal capacitado y suficiente para atender a los usuarios, así como una alimentación balanceada, servida en condiciones higiénicas. Además, los trabajadores están obligados a velar por la seguridad y el respeto a los derechos civiles y humanos de los internos durante su estancia.
De los 26 anexos registrados, cuatro se ubican en San Martín Texmelucan y otros cuatro en la ciudad de Puebla. Atlixco, Acatzingo y Zacatlán cuentan con dos cada uno.
Mientras que el resto están distribuidos en Teziutlán, Cuautlancingo, Zacapoaxtla, Huejotzingo, Rafael Lara Grajales, Tecamachalco, Tlahuapan, Ajalpan, Tehuacán, Tilapa, San Salvador El Seco y Xicotepec.
Sin embargo, según el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales de la Conadic, en 2024 solo dos centros de rehabilitación en la capital del estado operaban conforme a las normas federales.
Exhorto de la Comisión de Salud
Tras la aprobación del punto de acuerdo, la Comisión de Salud exhortó a la Secretaría de Salud estatal para que, a través del CESA y en coordinación con las jurisdicciones sanitarias y la Comisión de Derechos Humanos, verificar periódicamente los anexos.
Al igual para que habiliten servicios de los centros de salud mental y control de adicciones, tanto públicos como privados.
También se pidió mantener actualizado el censo estatal de estos centros y establecer protocolos de actuación ante posibles violaciones a los derechos humanos.
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