Durante el primer año legislativo en el Congreso de Puebla, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala planteó al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) la traducción de toda la legislación a las variantes lingüísticas de las siete lenguas originarias del estado.
En entrevista con Ángulo 7, la representante del partido Nueva Alianza por el Distrito 24, Leonela Martínez habló sobre su agenda legislativa. Preside la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad y es secretaria en la Comisión de Educación.
En Puebla existen siete pueblos originarios, cada uno con su propia lengua, las cuales a su vez cuentan con distintas variantes dialectales.
Sólo como ejemplo, de acuerdo con el IPPI, hay catalogadas al menos cuatro variantes de la familia yuto-nahua. Estas variantes son: náhuatl de la Sierra noreste de Puebla; náhuatl de la Sierra oeste de Puebla; náhuatl alto del norte de Puebla y náhuatl del centro de Puebla.
En este sentido, la diputada señaló que entre sus prioridades está la socialización de derechos mediante la intervención de leyes a dichas variantes. La traducción de la legislación a lenguas originarias se contempla en formatos accesibles.
Aseguró que solo así se logrará una verdadera inclusión de los pueblos originarios. Reconoció que se trata de un reto compartido con el IPPI y que debe abordarse de manera gradual.
Leonela Jazmín, con agenda para grupos vulnerables y pueblos originarios
En otro punto parecido a la traducción a lenguas originarias, la legisladora anunció que seguirá impulsando una agenda basada en la interseccionalidad y la transversalidad, enfocada en las necesidades de su distrito y con impacto estatal.
En materia de atención a la vulnerabilidad, informó que su principal labor es armonizar la legislación local con la federal para garantizar la inclusión de diversos grupos, como los pueblos originarios. Explicó que el objetivo es exhortar a los gobiernos municipales y estatal a implementar ajustes razonables y medidas de accesibilidad que permitan condiciones de igualdad.
Destacó un punto de acuerdo aprobado dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que revise y asegure ajustes razonables en los planes de estudio. Lo anterior, garantizando el acceso pleno a la educación de personas con discapacidad.
Subrayó que esto no se limita a adaptaciones físicas como rampas o braille, sino que incluye la formación docente para detectar y atender barreras de aprendizaje desde el diseño curricular.
Mecanismos de seguimiento
Respecto al cumplimiento de los exhortos, Martínez Ayala detalló que se da seguimiento mediante solicitudes de información oficiales a las dependencias. Citó el caso de un punto de acuerdo sobre turismo accesible, donde se pidió a la Secretaría de Desarrollo Turístico informar sobre la metodología aplicada y las evidencias de su implementación.
Aclaró que este seguimiento es administrativo y no depende necesariamente de presupuesto adicional.
Trabajo en igualdad de género
En otro contexto al de los pueblos originarios, en la Comisión de Igualdad de Género, señaló que trabajan en armonizar leyes. Esto, con énfasis en reformar la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
Resaltó la incorporación del término “interseccionalidad”, que permite considerar las múltiples condiciones que agravan la vulnerabilidad, como ser mujer, indígena, afromexicana o migrante.
Entre sus propuestas, además de la legislación en lenguas originarias, la diputada mencionó la implementación de campañas específicas en la SEP para prevenir y atender la violencia. Así como la instalación obligatoria de unidades de género en los 217 ayuntamientos del estado, con programas concretos y presupuesto etiquetado.
Precisó que, en su distrito, que incluye municipios como Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez, existen alertas de género, por lo que es prioritario vigilar el cumplimiento de las medidas correspondientes.
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Reglamentación de leyes para personas con discapacidad y pueblos originarios
Sobre la posibilidad de reglamentar leyes, como la de personas con discapacidad, explicó que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde a las dependencias ejecutoras. Estas son la SEP o la Secretaría de Salud elaborar los reglamentos y programas operativos.
Agregó que las dependencias son las que manejan el presupuesto y el capital humano. El papel del Congreso, dijo, es establecer la norma general y vigilar su aplicación.
Balance del primer año y metodología legislativa
Al evaluar su primer año, la diputada Martínez Ayala, abogada de profesión con estudios en Ciencias Políticas y un doctorado en curso. Consideró que ha cumplido con las obligaciones constitucionales.
No obstante, hizo un llamado a generar sinergias entre legisladores para evitar iniciativas superficiales y promover reformas integrales, como la que presentó para incluir a los pueblos originarios. Así como ajustar en toda la ley los derechos de la población afromexicana.
Sobre su metodología para elaborar iniciativas, detalló que parte de análisis estadísticos y fuentes oficiales para identificar necesidades. Luego, elabora hipótesis y evalúa el impacto social, político y económico de sus propuestas.
