La diputada Esther Martínez trabaja en una iniciativa para la creación de una sala regional de Justicia Indígena; pero antes de su presentación formal ante el Congreso de Puebla, señaló que realizará una consulta previa con las comunidades originarias.
En entrevista con Ángulo 7, la diputada de la bancada del Partido del Trabajo (PT) adelantó parte de su agenda para 2026.
La propuesta de una sala regional de justicia indígena, que presentará ante el Congreso de Puebla, busca brindar mayor certeza jurídica.
Cabe mencionar que actualmente existen cinco juzgados de este tipo, pero carecen de presupuesto suficiente y no cuentan con traductores especializados.
Mencionó que esta sala regional no solo tendría la función de asesorar y fortalecer a los juzgados indígenas existentes, sino también la de impartir justicia directamente.
¿Qué es una Sala Regional de Justicia Indígena?
Hay un antecedente de una sala de justicia indígena en Oaxaca, que resultó de la colaboración entre el Poder Judicial del Estado y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
En 2015 se creó este espacio en Oaxaca y operaba para garantizar que las comunidades indígenas ejercieran su derecho a la justicia según sus propios sistemas normativos.
También jugó un papel fundamental en la preservación de la autonomía de los pueblos indígenas y garantizaba la armonización entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción del Estado.
Dicha sala tenía competencias para conocer los asuntos relacionados con resoluciones jurisdiccionales emitidas por autoridades indígenas, únicamente para verificar el respeto a los derechos.
Asimismo, atendía inconformidades derivadas de modificaciones a los sistemas normativos internos y conflictos entre ayuntamientos, agencias y núcleos rurales relacionados con el ejercicio de sus derechos.
Presentan iniciativa para homologar procesos de consulta de los pueblos indígenas
Paralelamente, el 20 de noviembre, la diputada propuso una Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es regular el proceso de consulta previa cuando una acción legislativa o iniciativa municipal afecte a las comunidades originarias.
El artículo 2° constitucional establece que toda iniciativa, ley, programa u obra dirigida a estos pueblos debe ser consultada previamente, por lo que esta iniciativa busca homologar la legislación local con la nacional.
De acuerdo con la diputada Esther Martínez, coordinadora de la bancada del PT, esta ley permitiría someter a consulta proyectos extractivistas, incluyendo temas de infraestructura, territorio y medio ambiente.
Respecto a los mecanismos para resarcir daños, Martínez indicó que se definirán en consulta con la población indígena. Por ejemplo, en casos como el del exbasurero de Cholula, las empresas responsables estarían obligadas a reparar los daños.
Presupuesto para pueblos indígenas
En 2026, el presupuesto aprobado para pueblos originarios fue de cerca de tres mil millones de pesos, bajo un esquema transversal, distribuido entre Educación Pública, Salud, Seguridad e Infraestructura.
Cada dependencia está obligada a aplicar y transparentar los recursos, como en el caso de la educación bilingüe a cargo de la Secretaría de Educación Pública.
Se busca que los recursos lleguen realmente a las comunidades indígenas, atendiendo a poblaciones vulnerables, especialmente a mujeres indígenas.
El Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas recibía alrededor de 40 millones de pesos para sus programas, y para 2026 deberá definir su plan de trabajo y emitir convocatorias.
Finalmente, la diputada Esther Martínez subrayó que los programas y apoyos deben difundirse más allá de internet, utilizando perifoneo, radios comunitarias y cárteles, con la responsabilidad directa de los presidentes municipales auxiliares.
