La diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para crear la Ley de Consulta Libre de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con el objetivo de garantizar el derecho de la consulta previa e informada en Puebla; así como para crear mecanismos de reparación de daños.
La propuesta fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, en sesión ordinaria. Como punto clave, destacó la participación de estas comunidades en la toma de decisiones.
El consejo propuesto estará compuesto por representantes de las comunidades. Aclaró que no se trata de un organismo técnico, sino que pretende ser un “espacio de poder”.
Asimismo, someterán la propuesta a consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas de Puebla. Estas comunidades no se limitarán a participar en la consulta sobre el alcance de la ley; su intervención decidirá que el proceso avance de la mano de aquellos que el Estado marginó.
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Además, se proponen mecanismos de reparación de daños para las comunidades
Esther Martínez señaló como segundo punto clave de la iniciativa la reparación integral de los daños percibidos por las comunidades. Además, explicó que esto aplica en los casos en que se hayan visto afectados sus derechos sustantivos, territoriales, espirituales, bioculturales o institucionales.
“Esta ley establece mecanismos claros de reparación, como lo son: la restitución, compensación y rehabilitación de los derechos y recursos afectados; siempre con la cooperación de las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Sumado a esto, promovió el reconocimiento legal a los sistemas normativos internos, formas de organización, así como tiempos y procesos de toma de decisiones. Con ello, se reconocerán las formas de autogobierno de estas poblaciones, refrendando su autonomía.
Por último, insistió en que la iniciativa “Ley de Consulta Libre de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas“, permitirá el acceso a una justicia plena y el reconocimiento de los derechos de las comunidades. Concluyó que esta iniciativa busca resarcir la deuda histórica con aquellos que el orden estatal margino.
