La diputada de Morena y presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, dio a conocer que se aprobaron 14 iniciativas de ley, como parte de su Primer Informe de Actividades llevado a cabo en las instalaciones del Parque Juárez.
El evento fue inaugurado por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo. A su vez, contó con la presencia del alcalde Pepe Chedraui Budib, así como de Fedhra Soriano y Jimmy Natale Uranga, dirigentes estatales de Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respectivamente.
Entre los logros destacados por Laura Artemisa en su Primer Informe de Actividades resaltó la aprobación de 14 de sus iniciativas de ley ante el Congreso. Detalló que en total fueron mil 152 productos legislativos aprobados durante su primer año de funciones, contando reformas y nuevas leyes.
En cuanto a estas últimas, destacó las reformas para prohibir la reelección y el nepotismo electoral. Otra que refirió fueron las modificaciones a la ley que hacen de las violaciones cometidas por cónyuges, se persigan de oficio.
Laura Artemisa destacó otras leyes durante su Informe de gobierno
Durante su Primer Informe de Actividades, Laura Artemisa se enfocó en otros proyectos de ley aprobados. Declaró que el año legislativo fue particularmente productivo, aunque aún quedan varias cuestiones por atender.
En este sentido, mencionó que se avalaron reformas en materia de ciberseguridad. Buscarán castigar con cárcel a depredadores que por medio de la red engañan a menores con el fin de vulnerarlos sexualmente.
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Otro de los proyectos señalados por Laura Artemisa durante su Primer Informe fueron reformas contra la extorsión bancaria. En este mismo orden de ideas, también se perseguirá a quienes suplanten identidades en redes y realicen extorsiones.
Por último, resaltó las reformas logradas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para proteger a comunidades indígenas. Detalló que se considerará las personas indígenas como sujetos de derecho público, para proteger sus sistemas normativos, educativos, morales y culturales.
