A dos años del despojo de 8.5 hectáreas de la fundación “Julita y Antonio del Valle Talavera” en La Covadonga, el abogado Jesús González Schmal denunció la inacción de las autoridades municipales. Por ello, llevaron el caso al gobierno estatal y a la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch.
Este 9 de abril, los abogados de la fundación denunciaron en conferencia que, tras dos años de exigir justicia por el despojo de tierras y fraude en la venta de lotes en las 8.5 hectáreas de La Covadonga, las autoridades no han procedido al desalojo ni a la demolición de las construcciones ilegales.
El abogado Mauricio señaló que la fundación cuenta con toda la documentación que acredita su posesión sobre las 22 hectáreas. Sin embargo, los invasores no presentan ningún documento que demuestre propiedad sobre las 8.5 hectáreas ocupadas.
Autores del despojo de la Covadonga impiden el paso a autoridades
Precisó que el delito corresponde claramente a una invasión, pues los ocupantes ingresaron al predio armados, organizados y uniformados.
Cada vez que las autoridades intentan acceder al inmueble para demoler o clausurar las construcciones, son repelidos con violencia, lo que impide la recuperación del terreno.
Explicó que el avance de la denuncia se ha retrasado debido a que aún está pendiente el dictamen pericial topográfico, el cual demostrará que la documentación de la fundación corresponde físicamente con el terreno en disputa. Este peritaje también servirá para comprobar el delito cometido por los invasores.
Aclararon que solo pueden identificar a uno de los presuntos responsables: Jorge Mendoza, quien presentó en el ministerio público un documento sobre el predio. Sin embargo, dicho papel registra la ubicación en Cuautlancingo, cuando el terreno invadido se encuentra en la capital poblana.
Autoridades municipales no avanzan
El abogado Jesús González Schmal, denunció que la Secretaría de Desarrollo Urbano de la administración anterior, encabezada por Adán Domínguez Sánchez, emitió una orden de demolición el 9 de abril de 2024 que no se ejecutó, pues 250 elementos policiacos fueron repelidos por unos 50 sujetos que custodian la zona invadida.
Desde entonces no se han realizado nuevos intentos para detener quienes despojaron a la fundación del predio de La Covadonga, quienes continúan vendiendo lotes de 120 metros cuadrados a 300 mil pesos cada uno.
Muchas personas, sin conocer la situación real, caen en el fraude, comprometiéndose con pagos iniciales de 50 mil pesos. Sin embargo, no existe documentación legal que respalde estas ventas.
La empresa Agua Inmaculada A.C. afirma ser propietaria de casi la mitad de las hectáreas invadidas, alegando haber comprado los predios. Incluso ya opera una fábrica en la zona.
No obstante, los actuales titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano no han ejecutado la orden de demolición y desalojo, argumentando carecer de facultades para ello.
Ante esta situación, los abogados de la fundación ya acudieron a instancias estatales como la Subsecretaría de Gobierno, a cargo de Samuel Aguilar Palma, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, pues señalan que la zona aledaña al ex Rancho La Covadonga se ha vuelto más insegura.
Antecedente del caso de despojo de las 8.5 hectáreas de la Covadonga
El 16 de enero de 2024, la fundación denunció formalmente el despojo de las 8.5 hectáreas en el Rancho La Covadonga por parte de un particular que ha vendido ilegalmente al menos 100 lotes. En conferencia, sus abogados detallaron que los invasores, armados, amenazaron al encargado del predio (cedido en comodato) y derribaron las rejas.
Desde entonces se han comercializado lotes con precios entre 300 mil y 400 mil pesos. Aunque presentaron una denuncia en abril de 2023 (FGE/CDI/FIM-1/007677/2023), la audiencia se pospuso hasta febrero de 2024.
Además, en febrero de 2024 otro grupo de 50 personas armadas tomó ilegalmente dos hectáreas de la exfábrica textil Covadonga, presuntamente para fraccionarlas y venderlas fraudulentamente.
El abogado Jesús González Schmal señaló que se trata del mismo modus operandi utilizado en el despojo de las 8.5 hectáreas de la fundación.
