En la Ley General del Agua piden que se establezcan las reformas necesarias para garantizar la participación ciudadana en las decisiones que se tomen respecto a las concesiones, así como para impedir nuevas privatizaciones de los sistemas operadores del agua.
En el programa de Ángulo 7 Radio estuvo presente Pedro Moctezuma, quien participa en los 11 parlamentos abiertos sobre la Ley General del Agua que se están realizando a lo largo del país.
El también fundador de la Asamblea Social del Agua, propone que incluyan la participación ciudadana en los Consejos de Cuenca. Con ello, darían voz y voto a los Consejos Regionales. La finalidad es que puedan tomar decisiones vinculantes para garantizar que haya transparencia y que prevalezca el derecho al agua de las comunidades y no de las grandes empresas.
Aseguró que el problema de los Consejos de Cuenca es que en estos están involucrados los representantes de las grandes concesionarias de agua. Por ello, marginan a la población local de las decisiones sobre el agua.
Frente a esta problemática, plantea como acción esencial una participación ciudadana mediante los Consejos Regionales y que estos no sean sólo espacios consultivos, como se plantea originalmente en la ley de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Participación ciudadana para transparencia en reasignación de concesiones
En cuanto a la reasignación de concesiones, en la ley de Conagua, se establece que esta institución adquiriría un papel activo dentro de la organización y de los reglamentos que establecen los consejos de cuenca.
Además de que Conagua crearía unas oficinas centrales y un fondo del agua que permitirá decidir las nuevas concesiones para dirigirlas a los proyectos y regiones estratégicas.
De acuerdo con Pedro Moctezuma, esto no garantizará la transparencia en la entrega de concesiones si no se integra a los Consejos Regionales y si no se consulta previamente a las comunidades indígenas.
Críticos señalan que este sistema se asemeja a un modelo opaco que podría favorecer intereses privados.
Otro de los problemas que plantea la Ley General del Agua de Conagua es eliminar la prelación de los pueblos indígenas al acceso al agua.
Según Pedro Moctezuma, con la inclusión de consejos regionales, habría prioridad el derecho humano al agua para uso doméstico. Esto, por encima de proyectos de gran escala que suelen despojar del recurso a las comunidades.
El objetivo es establecer un orden de prelación claro que garantice el abasto para la población y sus comunidades vecinas, antes de destinar el agua a grandes usuarios, logrando así una distribución más justa y sostenible.
Ley General del Agua debe impedir privatización del agua por organismos operadores
Pedro Moctezuma señaló que en el borrador de la Ley General del Agua, Conagua establecía un punto donde prohibía que los organismos operadores de Agua en los municipios privatizaran el agua como en el caso en Puebla, Saltillo y Aguascalientes.
Sin embargo, eliminaron ese punto en el decreto, por lo que deja abierta la puerta para la repetición de estos casos. En ese sentido, en los parlamentos exigen que el legislativo incorpore las prohibiciones explícitas contra la privatización.
Para el caso de los estados en donde el agua ya está privatizada, se debe establecer un transitorio que isntituya las condiciones para una “remunicipalización”.
Este proceso buscaría someter a un análisis exhaustivo los contratos que se tienen con Agua de Puebla, para observar examinar los compromisos de inversión cumplido e incumplidos, las cláusulas de aumento de tarifas, las prácticas de corte del drenaje y el agua, así como los impactos en la salud pública generados por la gestión privada.
Con esos transitorios, quedarían invalidadas las amenazas por parte de la empresa, que se sujetaría a penalizaciones por incumplimiento, en lugar de que los municipios enfrenten indemnizaciones onerosas.
Tras 12 años de privatización en ciudades como Puebla, la transición no puede hacerse de la noche a la mañana, pero debe iniciarse con un horizonte claro de planeación, aseguró Pedro Moctezuma.
Los artículos transitorios deben diseñarse con “sumo cuidado” para crear una hoja de ruta con plazos definidos que priorice el derecho humano al agua y la salud de la población.
