Una reforma sobre ciberdelitos debe contemplar la tipificación de la mayoría de estos, como la suplantación de identidad o fraude cibernético; la creación de una Dirección General Especializada en delitos cibernéticos y la exclusión de las opiniones políticas del artículo de “Ciberasedio”.
En la mesa de análisis sobre la reforma al Código Penal, conocida como “Ley de Ciberseguridad” que se presentó en “Ángulo 7 Radio”, los panelistas Edurne Ochoa, Jesús Páez, Andrés Villegas, Itzel García y Osvaldo Macuil, coincidieron en los tres puntos anteriores.
Los cuatro resaltaron que es fundamental que los ciberdelitos no sólo deben ser castigados sino también prevenidos.
Reforma de Ciberasedio, que incluya mayor cantidad de Ciberdelitos
La necesidad de actualizar el marco legal para abarcar la creciente diversificación de los delitos digitales es un punto central en el debate, debido a que según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en 2024 se registraron nueve mil 837 denuncias relacionadas con ciberdelitos, con un promedio de 819 casos mensuales.
Entre los más frecuentes se encuentran la ingeniería social, que incluye el hackeo de cuentas (32 por ciento), la ciberextorsión (26 por ciento) y el ciberbullying (16 por ciento), ante esto, Itzel García, agente estatal de la Policía Cibernética, destacó que los patrones delictivos han evolucionado rápidamente, pasando de 11 categorías de incidentes en 2023 a 24 en 2024.
Lo anterior refleja la adaptación de delitos tradicionales al entorno digital, por ejemplo, el robo de cuentas de WhatsApp, catalogado como piratería informática, se ha convertido en una amenaza significativa. Debido a que los delincuentes emplean técnicas sofisticadas de ingeniería social para obtener códigos de verificación y cometer fraudes o extorsiones.
Por su parte, Edurne Ochoa, fundadora de la asociación “33 Mujeres”, señaló que han impulsado iniciativas contra el “sicariato digital”, que es equiparable al espionaje digital, donde la extracción ilegal de información se usa para amenazar, extorsionar o desplazar políticamente a personas.
También resaltó la gravedad de delitos como el sicariato digital (equiparable a la extracción ilegal de información para amenazar o extorsionar) y la suplantación de identidad, que se aprovechan de plataformas como WhatsApp. Estas prácticas, junto con el uso de deep fakes y campañas de desprestigio en la deep web pagadas con criptomonedas, evidencian la urgencia de tipificar un espectro más amplio de ciberdelitos para proteger a las víctimas.
Falta de una clasificación precisa de Ciberdelitos
Jesús Páez, especialista en ciberseguridad, subrayó la importancia de una clasificación precisa de estos delitos, criticando términos como “espionaje digital” por ser inexactos y potencialmente alarmistas.
Propuso conceptos más específicos, como “acceso ilícito a plataformas digitales”, para describir con claridad acciones como la vulneración de cuentas. Este enfoque busca garantizar que las conductas sancionadas se ajusten a la realidad delictiva sin generar ambigüedades.
Jesús Páez cuestionó la redacción del artículo 479 del código penal, que penaliza el acceso no autorizado a sistemas informáticos. “Si una víctima entrega voluntariamente su código por engaño, técnicamente no sería acceso no autorizado según esta redacción”, explicó.
Lo que evidenció los vacíos legales que podrían favorecer a los delincuentes, criticó que las reformas prioricen el impacto mediático sobre la precisión jurídica necesaria para garantizar justicia efectiva.
Villegas defendió el uso de términos como “sicariato digital” y “ciberasedio”, argumentando que su impacto comunicativo supera las consideraciones técnicas. “Son palabras fuertes que marcan identidad, y podrían convertir esta iniciativa en pionera”, explicó.
Osvaldo Macuil, reconoció la necesidad imperante de regular la violencia digital que afecta particularmente a mujeres, menores de edad y grupos vulnerables. Donde las redes sociales se han convertido en espacios de agresión sistemática a través de cuentas falsas y campañas de desprestigio.
Especificaciones de Ciberasedio
El término “ciberasedio” ha generado un intenso debate debido a su impacto comunicativo y las preocupaciones sobre su posible ambigüedad. Itzel explicó que esta nueva figura legal permite abordar formas de violencia digital que afectan la integridad psicológica y emocional, como la creación de perfiles falsos, ataques coordinados en redes sociales y campañas de difamación, sin requerir un componente sexual.
Esto representa un avance significativo, ya que entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de los 800 a 887 reportes recientes de ciberacoso no califican como delitos sexuales y, por lo tanto, quedaban en un vacío legal.
Mientras que la activista Edurne destacó el impacto devastador de estas prácticas, citando casos documentados donde el acoso digital llevó a víctimas al suicidio, y mencionó el protocolo europeo Monetizing Misogyny para ilustrar cómo redes organizadas monetizan el acoso contra mujeres.
Sin embargo, Jesús Páez advirtió que la redacción actual del término, incorporado en el artículo 480, carece de precisión jurídica, lo que podría derivar en interpretaciones peligrosas. Argumentó que el principio de taxatividad exige definiciones claras para evitar que el ciberasedio se confunda con críticas legítimas, especialmente en contextos políticos.
Osvaldo, periodista con experiencia, coincidió en esta preocupación, señalando que la falta de criterios específicos (como el número de interacciones necesarias para configurar el delito o la distinción entre ataques coordinados y opiniones incómodas) pone en riesgo la libertad de expresión.
Aunque Andrés Villegas, diputado, defendió el uso de “ciberasedio” por su capacidad para visibilizar la gravedad del problema, reconoció la necesidad de ajustes para garantizar que no se afecten derechos fundamentales, como los establecidos en el artículo 6° constitucional, que protege la libertad de expresión siempre que no incite al odio o la violencia.
Necesarios los órganos de seguridad y justicia para atender ciberdelitos
Fortalecimiento de instituciones para la investigación y la impartición de justicia
La implementación efectiva de las reformas depende de la creación y fortalecimiento de instituciones especializadas. Jesús Páez propuso transformar la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía en una Dirección General.
La cual estará dedicada exclusivamente a los ciberdelitos, con personal capacitado y estabilidad laboral, para superar las limitaciones actuales de la policía cibernética, que carece de reconocimiento en el servicio profesional de carrera.
Itzel García destacó los retos operativos, como la dificultad para identificar agresores debido al anonimato digital y la resistencia de algunos ministerios públicos a investigar casos complejos. Subrayó la necesidad de capacitar a los agentes en las nuevas figuras delictivas y establecer protocolos de colaboración con plataformas digitales para facilitar el rastreo de evidencias.
Andrés Villegas reconoció que la aplicación de la ley trasciende el ámbito legislativo y requiere coordinación interinstitucional y recursos presupuestales. Comparó esta reforma con la reciente aprobación de facultades investigadoras para la policía estatal, un cambio estructural que posicionó a Puebla como pionero.
Sin embargo, Edurne criticó las limitaciones operativas actuales, relatando su experiencia personal al denunciar un caso sin recibir seguimiento adecuado. Insistió en que sin presupuesto, capacitación y herramientas tecnológicas avanzadas, las leyes no podrán combatir efectivamente a los delincuentes que operan desde el anonimato.
Itzel añadió que, aunque la Policía Cibernética da seguimiento a todos los oficios de investigación, la falta de denuncias formales y la complejidad de rastrear números desechables o cuentas falsas limitan los resultados.
Para superar estos obstáculos, se propuso implementar campañas de difusión para educar a la ciudadanía sobre las nuevas figuras legales y fomentar medidas preventivas, como la verificación en dos pasos y el uso de aplicaciones como Authenticator.
G.G.H.
