En el programa de Ángulo 7 Radio de este miércoles quedó clara la necesidad de abrir el debate sobre la “Ley de Ciberseguridad” a todas las voces implicadas en el tema para que, con ellas, pueda reformarse, con las precisiones más adecuadas, el delito de ciberasedio.
Edurne Ochoa, Jesús Páez, Andrés Villegas, Itzel García y Osvaldo Macuil, como voces que emanan de los activistas, periodistas, diputados, agentes de seguridad y de justicia, fueron una muestra de que el debate, por más incómodo que pueda llegar a ser, es necesario y fundamental en una sociedad democrática.
Podemos diferir en ideas, posturas, ideologías o propuestas, como cualquier sociedad, pero siempre podemos llegar también a puntos en común que ayuden a avanzar en la resolución de los problemas fundamentales en Puebla.
Al final, las diferencias terminan por ser menores una vez que llegamos a identificar que las coincidencias son mayores y fundamentales: la seguridad, la justicia y la democracia.
Para precisar ciberasedio, escuchar todas las voces
Entre los foros que realizó el propio Congreso de Puebla, las aportaciones de especialistas, periodistas, legisladores y funcionarios en los medios de comunicación y redes sociales, así como en la mesa de análisis que se realizó en Ángulo 7, se pueden delinear algunas conclusiones preliminares a tomar en cuenta.
Por ello, sobre el debate de esta ley, es necesaria hacer una recopilación sobre los aspectos en los que ya se coincide.
- Que los ciberdelitos deben castigarse y prevenirse
- Que el delito de ciberasedio sí debe mantenerse tipificado
- Que debe eximirse del ciberasedio a quienes ejercen el periodismo
- Que deben eximirse las opiniones políticas y sociales del delito de ciberasedio
- Que deben agregarse todas las precisiones necesarias para garantizar la justicia a las víctimas de ciberasedio
- Que debe precisarse las circunstancias y formas en las que se comete un ciberdelito
- Que deben añadirse todos los diferentes tipos de delitos que pueden cometerse mediante el uso de medios digitales
- Que deben actualizarse y adecuarse los órganos de seguridad y justicia dirigidos a atender los ciberdelitos