La petición de los transportistas en el Congreso de Puebla para aumentar de 10 a 21.5 años la vida útil de las unidades de transporte público en Puebla no es viable, pues si actualmente no se aplica el límite establecido por la ley, menos se cumpliría con un periodo más largo.
Además, los costos de operación serían mayores, por lo que se deben buscar alternativas de financiamiento para renovar las unidades. Así lo señalaron en entrevista con este medio Ana Laura Romero Sierra y Juan José Benítez Suárez, especialistas en movilidad y transporte, quienes coincidieron en que el periodo de servicio ya está establecido en la ley y debe cumplirse.
Lo anterior surge luego de que la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, encabezada por Samuel Méndez Díaz, se reunió con el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local, Elpidio Díaz Escobar, para presentar dicha propuesta y someterla a análisis.
Los transportistas argumentaron que cuentan con estudios técnicos propios que indican que las unidades pueden alcanzar una vida útil de entre 15 y 21.5 años. Sin embargo, la última reforma a la Ley del Transporte sobre este tema se realizó en 2014, no en 2044 como se mencionó erróneamente.
Esta propuesta surge tras el programa de modernización del transporte público anunciado por el gobierno de Puebla el pasado 11 de febrero, el cual contempla la condonación de adeudos y apoyo con enganches a fondo perdido para renovar unidades.
Hay otras alternativas para unidades de transporte público en Puebla
Ana Laura Romero Sierra consideró que los concesionarios deben enfrentar la realidad. Señaló que, aunque la situación económica es compleja, autorizar una vida útil de 21 años no es una solución.
Explicó que lo fundamental es cumplir con la ley y el reglamento, así como cambiar la visión del transporte público hacia un modelo empresarial, lo que permitiría acceder a programas de financiamiento incluso a nivel federal.
“El problema es que quieren seguir en su estado de confort, y así el transporte público no se va a resolver. Aumentar la vida útil a 21 años implica un retroceso en ecología y calidad del servicio, afectando directamente al usuario”, afirmó.
Advirtió que, si un concesionario pretende mantener sus unidades en servicio por 21 años, los usuarios podrían exigir tarifas más bajas, lo que resultaría inviable para los transportistas. Recordó que la ley establece un límite de 10 años y modificarlo no sería una solución viable.
Destacó que existen alternativas de renovación vehicular con apoyo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), como la conformación de cooperativas, aunque los concesionarios deben estar dispuestos a gestionar estos apoyos.
Por su parte, Juan José Benítez Suárez también rechazó la ampliación de la vida útil de las unidades, ya que los costos de operación serían muy elevados para los dueños o encargados de los vehículos.
Indicó que la relación costo-beneficio sería desfavorable, pues el transporte público es un servicio concesionado, por lo que no debe exceder los 10 años de uso permitido.
Señaló que la solución para mejorar el servicio sin afectar la economía de los concesionarios es acceder a esquemas de financiamiento, como los apoyos gubernamentales, para renovar las unidades.
Programa de modernización, viable con voluntad
Respecto al programa de modernización del transporte público anunciado por el gobierno estatal, Romero Sierra afirmó que el problema del sector va más allá de la antigüedad de las unidades, pues también abarca factores como la economía, el pirataje y la falta de organización.
Explicó que su éxito dependerá de la voluntad política y la colaboración entre el gobierno, los transportistas y la sociedad. Subrayó que se deben considerar las necesidades de los usuarios y evaluar los pros y contras antes de tomar decisiones.
Destacó que, con el cambio de administración, podrían lograrse avances positivos, aunque no en el corto plazo. Entre los principales retos mencionó la eliminación del pirataje, la reorganización de rutas y el compromiso de los concesionarios para modernizarse con apoyo gubernamental.
“Me gustaría que todo lo que se está promoviendo se haga realidad. Se puede lograr, pero con orden y de manera progresiva. Un nuevo gobierno trae nuevas estrategias, pero si no hay objetivos claros, no habrá resultados”, puntualizó.
Debe ser operativo y funcional
Por su parte, Benítez Suárez consideró que el programa de modernización presentado por la SMT es positivo en términos generales, pero debe contar con el compromiso de los concesionarios. Subrayó que el objetivo es mejorar la funcionalidad y operatividad del servicio para los usuarios.
No obstante, advirtió que las mejoras no se verán a corto plazo, sino en uno o dos años, e incluso hasta mediados del sexenio. Señaló que la revista vehicular y el reemplacamiento anunciados son el primer paso para realizar un diagnóstico real de las unidades y rutas, lo que permitirá trazar objetivos claros.
“Creo que es un buen programa, pero los transportistas deben reaccionar para capitalizarlo. Muchos concesionarios no entienden que el ingreso no es ganancia neta, debe distribuirse, y por eso muchos no pueden renovar sus unidades sin apoyo gubernamental”, indicó.
Finalmente, sobre la ampliación de la vida útil de los taxis de 7 a 10 años, consideró que esta medida sí es viable, ya que no afectará la calidad del servicio y permitirá que este sector compita con el transporte por aplicaciones como Uber y Didi.
