Los activistas Luis Leyva Machuca y Gisela Masías Dionisio, así como el académico de la BUAP, José Alejandro Torres, coincidieron en que para los avances en las luchas ambientales y por el territorio en Puebla, son necesarias la investigación, movilización social y también una adecuada asesoría jurídica.
Así lo expusieron en la mesa “Derechos Ambientales”, de la “Semana de la Participación Ciudadana”, organizado por los colectivos Opción Ciudadana y Hermanos Serdán, este 7 de agosto.
En el foro, Luis Leyva Machuca, representante del Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular (Mascip), destacó que, durante sus más de 15 años de activismo, ha aprendido la importancia de respaldar las denuncias sociales con investigación, estudios técnicos y asesoría jurídica para lograr avances significativos.
Como ejemplo, mencionó el caso de la muerte masiva de abejas en Tlacotepec de Juárez, donde solicitó un estudio a la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM).
Con estos resultados, exigió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que revisara el uso del pesticida Florasulam, empleado en invernaderos industriales, ya que se comprobó que era el causante de la muerte de miles de abejas en los apiarios.
Asimismo, resaltó uno de los logros de su organización: evitar la instalación del proyecto “La Taza” en el manantial de Chilac, beneficiando a más de cinco mil habitantes.
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Movilización y asesoría jurídica en luchas ambientales de Puebla
Por su parte, Gisela Macías, integrante del Frente de Organizaciones Ti Nochin, denunció que en Chignautla el principal problema es la tala indiscriminada de árboles, ante la inacción que hasta el momento tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Frente a esto, su organización busca ser atendida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar este daño ecológico.
Además, relató que han tenido que capacitarse en la redacción de oficios y buscar asesoría jurídica para evitar la discriminación por parte de jueces y notarios.
También calificó como positiva la iniciativa ciudadana de revocación de mandato, pues consideró que obligaría a los gobernantes a priorizar las demandas de los pueblos sobre los intereses empresariales.
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Por su parte, Jorge Alejandro Torres Jaramillo, académico del Instituto de Ciencias (Icuap) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), enfatizó la necesidad de “debatir a las autoridades con las mismas leyes”, en el contexto de las luchas ambientales de Puebla.
Ejemplificó de la siguiente manera: en el problema de la contaminación del agua, se requiere verificar si existen auditorías de descargas y, en caso de incumplimiento, proceder legalmente contra los funcionarios responsables.
Respecto a los agroquímicos, Torres Jaramillo dijo que se puede cuestionar si cuentan con autorizaciones de Semarnat y Cofepris. Recomendó a los activistas estudiar la legislación vigente y actuar siempre con respaldo legal.
Finalmente, lamentó que las universidades públicas, como la BUAP, hayan reducido su vinculación con el sector social, dificultando el acceso a asesoría especializada. No obstante, recalcó la urgencia de formar equipos multidisciplinarios (abogados, científicos y académicos) que trabajen en conjunto para atender las demandas sociales.
