La Asamblea Social del Agua y otros colectivos pidieron al gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, a que adquieran la mayoría de las acciones de la concesión de Agua de Puebla, ante la posibilidad de que la empresa trasnacional Manila Water Company obtuviera el 74.85 por ciento de estas.
Los miembros de estos colectivos se dieron cita frente a Casa Aguayo para dirigir su oficio ante la oficialía de partes. Subrayaron que el proceso de adquisición que pretende la empresa filipina sobre Agua de Puebla se encuentra en una etapa muy temprana de negociación, por lo que es el momento idóneo para analizarla.
En el oficio, pidieron que el gobierno de Puebla mantenga el control mayoritario de la concesión del servicio de agua o sostenga un mecanismo que le permita controlarla. Esto, para asegurar que la concesión opere de acuerdo con el interés general, y no únicamente con una “lógica económica”.
Asimismo, solicitaron que se presente un estudio técnico con el cual se garantice la viabilidad presupuestal del proyecto y su impacto en los cobros y tarifas del servicio. Además, solicitaron que el estudio mantenga un enfoque de derechos humanos y ambientales.
Insisten en promover participación ciudadana sobre concesión y servicio del agua
Otra de las peticiones que la Asamblea del Agua y otros colectivos detallaron en el oficio, fue la integración de mecanismos de participación ciudadana. En específico, pidieron que se creen foros de deliberación para que los comités vecinales del agua, pueblos originales, instituciones académicas y organizaciones sociales puedan participar de esta decisión.
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Además, exigieron que se brinde un paquete mínimo de garantías inmediatas en la concesión del agua para los usuarios del recurso hídrico en Puebla. Entre estos, pidieron medidas contra los cortes arbitrarios del servicio, la creación de un sistema de abasto de agua enfocado a los lugares que presentan mayor escasez y una mayor agilidad en la atención a reportes.
Propondrán Ley de Aguas ante Congreso
Por último, los miembros de la Contraloría Autónoma del Agua en Puebla, la Asamblea Social del Agua y otros colectivos se posicionaron frente a la nueva Ley General de Aguas. Comentaron que aún existen varias peticiones que no atendieron, como la prohibición de la privatización del servicio operador del agua y la inclusión de participación ciudadana.
En este sentido, adelantaron que la Ley General de Aguas tiene un plazo de 180 días para que las distintas legislaciones estatales la armonicen. En consecuencia, anunciaron que presentarán al Congreso local una propuesta de ley estatal, para su consideración.
