La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, eliminar los videos donde exhibe unas conversaciones entre el actual diputado federal, Ricardo Monreal Ávila, y el actual dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
En octubre de 2022, la mandataria difundió en su programa “Los martes del jaguar” una conversación entre ambos políticos, en la que intercambian mensajes de texto. En dichos mensajes se sugiere la existencia de posibles acuerdos para frenar investigaciones contra el dirigente priista. El contenido generó una amplia polémica política y mediática.
La difusión ocurrió después de que el 15 de julio de 2022, la Fiscalía de Campeche cateara una propiedad vinculada a Moreno Cárdenas. La dependencia estatal alegó que el exgobernador poseía inmuebles que no estaban a su nombre, sino registrados con prestanombres o testaferros, lo que incrementó el escrutinio público sobre el priista.
Este miércoles, la Primera Sala de la SCJN resolvió conceder un amparo al senador Monreal Ávila, con lo cual se ordena retirar los contenidos difundidos por la gobernadora. La resolución fue respaldada por unanimidad y presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien argumentó que, aunque los hechos podrían tener relevancia pública, Sansores no verificó adecuadamente la autenticidad ni el contexto de la información.
El fallo también establece que se difundieron datos posiblemente obtenidos de manera ilícita, sin una verificación razonable y de forma descontextualizada. Según el proyecto aprobado, esto vulnera la privacidad de Monreal y afecta la equidad en el debate público, al ser emitido desde una posición de poder institucional.
Monreal se ampara luego de que Layda Sansores difundiera conversación con “Alito”
La gobernadora ya había impugnado una sentencia judicial previa que otorgaba el amparo al legislador. Sin embargo, la resolución de la Corte ratifica la decisión de que el material debe ser eliminado de las plataformas oficiales del gobierno estatal.
Por su parte, Ricardo Monreal presentó desde 2022 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por intervención ilegal de comunicaciones privadas. Además, promovió el juicio de amparo que hoy le fue confirmado por la Corte.
Cabe señalar que la protección otorgada no impide que la gobernadora emita opiniones futuras sobre Monreal, siempre que no infrinjan su privacidad ni derechos fundamentales.