La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electa el pasado 1 de junio será la que defina si los amparos promovidos por Ricardo Salina Pliego contra el SAT, son viables. Además, rechazó atraer un juicio de amparo por TV azteca para evitar pagar dos mil 447 millones de pesos.
En sesión privada, el pleno actual de la Corte resolvió, por mayoría de nueve votos contra dos, aplazar la resolución de todos los juicios fiscales en los que participan las empresas del empresario, entre ellas Elektra y TV Azteca. La ministra Lenia Batres Guadarrama propuso que sea la nueva integración del tribunal —que entrará en funciones el 1° de septiembre— la que determine la validez de los amparos promovidos contra adeudos fiscales superiores a los 31 mil millones de pesos.
Los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek votaron en contra, pero la mayoría aprobó postergar el análisis de los casos, entre ellos la contradicción de criterios 110/2025, que definirá si el SAT debe notificar de nuevo un crédito fiscal cuando el contribuyente afirma no haberlo recibido. Este criterio tendrá impacto en decenas de juicios similares aún en curso.
SCJN electa decidirá amparos de Salinas Pliego vs SAT
Batres explicó que la medida busca dar certeza jurídica y evitar resoluciones contradictorias. Hasta el momento, se han identificado al menos 65 juicios pendientes en tribunales colegiados que podrían verse afectados por el fallo definitivo de la Corte.
Además, la SCJN rechazó atraer un amparo promovido por TV Azteca contra una sentencia administrativa que le obliga a pagar 2 mil 447 millones de pesos por ISR correspondiente a 2009. La ministra Norma Lucía Piña firmó el acuerdo de desechamiento fechado el 28 de abril, el cual fue notificado este 24 de junio. Con ello, el juicio continuará en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Ciudad de México.
Este rechazo se suma al planteamiento de Batres Guadarrama para que todos los asuntos fiscales pendientes sean discutidos en el pleno, y no en salas, con el fin de garantizar transparencia en las decisiones de cada ministro. Esta propuesta será votada el próximo 1° de julio.