La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe reconciliarse con la justicia social y ambiental, y priorizar los derechos colectivos de la población por encima de cuestiones meramente administrativas. No es necesario crear nuevos derechos, sino aplicar los que ya existen.
Así lo afirmó Raymundo Espinoza Hernández, aspirante a ministro de la SCJN, en entrevista con Ángulo7 Radio. Señaló que los cargos en el Poder Judicial no deben quedar en manos de “poderes fácticos”, sino que deben ser asumidos por el pueblo, para garantizar una verdadera transformación institucional.
Indicó que es fundamental entender el momento histórico que atraviesa el país y, al mismo tiempo, actuar con urgencia para cambiar el rumbo del Poder Judicial. Explicó que este proceso debe centrarse en alcanzar una justicia distinta, que incluya un enfoque social y ambiental.
“Debe haber una reconciliación de la justicia social y ambiental como eje transversal de la SCJN. Hay que revisar criterios, metodologías y jurisprudencias que provienen de la política jurídica neoliberal y que aún se utilizan para resolver asuntos, aunque están cargadas de sesgos ideológicos”, expresó.
Espinoza Hernández subrayó que el poder público es uno solo, aunque se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que emana del pueblo. Sin embargo, solo tiene sentido cuando sus instituciones garantizan el bien común. Agregó que la independencia judicial se logra únicamente cuando cada actor cumple con su responsabilidad sin ceder a presiones externas.
Garantizar justicias y no repetició: Raymundo Espinoza
Afirmó que es necesario asegurar que las decisiones de los juzgadores se tomen con libertad, conforme a derecho, respetando el principio constitucional y aplicando una interpretación correcta de la norma.
En este contexto, mencionó que 19 poderes judiciales locales ya han realizado reformas y que el próximo 1 de junio habrá elecciones. Los otros 13 deberán hacerlo antes de 2027, pues este proceso de transformación “llegó para quedarse”.
Finalmente, al ser consultado sobre las violaciones graves a derechos humanos, admitió que algunas son irreparables, especialmente cuando implican pérdida de vidas o daños irreversibles a la salud por contaminación. En estos casos, lo fundamental es garantizar la no repetición.
