Jueza del Noveno de Distrito en materia Penal de la Ciudad de México, levantó la suspensión definitiva al exgoberndor de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la cual, impedía que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera detenerlo.
La jueza Jovita Vargas, dio la orden de dejar sin efectos la suspensión definitiva por no cumplir con las medidas para hacerla válida. Esta consistía en un pago por 52 mil pesos y presentarse ante la juez Patricia Sánchez Nava en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
Dichos requerimientos debían cumplirse el pasado 14 de mayo, el cual, era el plazo fijado para validar su suspensión. Sin embargo, al incumplirse estas amonestaciones se levantó esta suspensión definitiva, por lo cual, podrá ser aprendido.
Se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió con las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó haber comparecido de manera personal ante la Juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal 118/2025, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió.
Levantan suspensión a Silvano Aureoles
El medio Proceso informó que el pasado 23 de mayo, Silvano Aureoles intentó extender el plazo para esta suspensión. Sin embargo, la jueza lo rechazó y levantó el amparo.
Cabe recalcar que la FGR podrá detenerlo mientras que “no se ejecute la orden de aprehensión reclamada, el quejoso podrá acreditar el cumplimiento dado a las obligaciones impuestas en la resolución interlocutoria. Con esto de inmediato volverá a surtir efectos la suspensión definitiva”.
Silvano Aureoles había logrado la suspensión para su orden de aprehensión por presuntos delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así como ejercicio indebido del servicio público y el desfalco de más de 3 mil 412 millones de pesos al estado de Michoacán.
Dicho desfalco lo realizó al adquirir a sobreprecio, carteles de la Guardia Civil. En marzo cuatro colaboradores fueron vinculados a proceso por estar vinculados con dicha administración fraudulenta.
El exgobernador había solicitado la protección de la justicia federal, el pasado 21 de abril, contra la orden de aprehensión en su contra. Lo anterior, lo concedió un secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
