Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza diversas diligencias para dar con el paradero del exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, por el desfalco de más de tres mil millones de pesos a la entidad.
Aureoles Conejo se encuentra prófugo de la justicia por presuntamente encabezar el desfalco a través de la compra a sobreprecio de siete terrenos para la construcción de cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.
De acuerdo con Ramírez Bedolla, una evaluación de los siete cuarteles reportó que su costo es no mayor a 200 millones de pesos cada uno. Sin embargo, según indicó la Contraloría estatal, el gobierno de Aureoles Conejo, entre 2015 y 2021, lo pagó a cinco veces más de este costo.
En ese sentido, indicó que existen otros procesos penales y administrativos, pero no se han difundido los nombres para no entorpecer la investigación. Finalmente, reiteró que no existe persecución política, pero expuso que no habrá impunidad y ningún funcionario pasado o presente estará exento de las investigaciones.
Funcionario de Silvano Aureoles detenidos por desfalco
Cabe mencionar que, por esta investigación, las autoridades detuvieron el pasado sábado a cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles Conejo. Se trata de Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, Mario Delgado Murillo, delegado de Finanzas, Elizabeth Villegas Pineda, delegada administrativa y Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con la FGR, Aureoles Conejo ordenó las operaciones para ocasionar el desfalco al gobierno estatal a través de estos cuatro funcionarios. Por ello, se encuentran en prisión preventiva por su presunta participación en los delitos de peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.
Según la investigación, el desfalco fue por un total de tres mil 412 millones 164 mil 310 pesos, aunque podrían aumentar. Este daño patrimonial en contra de la entidad se habría realizado a través de la Inmobiliaria DIP con contratos de arrendamiento, servicios y compraventa a sobreprecio.
La FGR precisó que estos se realizaron mediante adjudicación directa, pese a que la empresa se creó en 2015 con 50 mil pesos de capital.
M.H.C.