Integrantes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) consideraron urgente reformar las Fiscalías y las Procuradurías para garantizar justicia a las víctimas de la represión ocurrida durante la década de 1970, así como a quienes han visto violados sus derechos humanos.
Durante la presentación de los avances del MEH, David Fernández Dávalos señaló que, para hacer justicia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México contra pueblos indígenas, la comunidad LGBT, movimientos sociales y grupos de insurgencia, resulta indispensable reformar el sistema bajo el cual operan los organismos de procuración de justicia.
El coordinador del mecanismo afirmó que, entre 1965 y 1990, el sistema de procuración de justicia (integrado por procuradurías, ministerios públicos, policías judiciales y jueces) operaba principalmente para proteger los intereses de políticos, caciques y empresarios.
Esta situación derivó en encubrimientos y estrategias institucionales que facilitaron violaciones sistemáticas de derechos humanos.
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Sin reforma a fiscalías, persisten vicios
Fernández Dávalos subrayó que la reforma que se requiere aún no se lleva a cabo, ya que no se han modificado las estructuras de las fiscalías y procuradurías. Por ello, persisten vicios como la falta de autonomía real de las fiscalías, que continúan al servicio de autoridades en turno.
En ese sentido, reconoció la llegada de nuevas figuras a la SCJN, como Hugo Aguilar Ortiz, ya que Fernández, valoró positivo la inclusión de representantes de pueblos originarios en la integración actual del tribunal, lo que podría impulsar un funcionamiento distinto y más sensible del sistema de justicia.
De acuerdo con el volumen IV, capítulo tres del informe del MEH, las procuradurías y ministerios públicos no eran autónomos, sino que estaban subordinados al poder gobernante, por lo que se utilizaban para reprimir cualquier forma de oposición o manifestación contraria a los intereses económicos y políticos del momento.
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La tortura como método y la prisión preventiva oficiosa
Uno de los hallazgos del informe es el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones, las cuales eran consideradas por el Poder Judicial como la prueba máxima para resolver casos, lo que permitía cerrar investigaciones de manera expedita sin profundizar en la verdad de los hechos.
Asimismo, el documento destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló y justificó el uso de la prisión preventiva oficiosa por parte de las fiscalías, incluso por periodos prolongados sin sentencia, lo que demanda concretar la reforma.
Al respecto, David Fernández señaló que este tema representa una prueba crucial para los nuevos ministros de la Corte, quienes tendrán la oportunidad de decidir si mantienen esta medida cautelar o avanzan hacia su eliminación.
