Entre 1965 y 1990, “se instrumentó la violencia de manera sistemática y generalizada” por parte del Estado que llevó al asesinato de 8 mil 594 personas, concluyó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad en su informa final sobre la guerra sucia.
El informe “Fue el Estado (1965-1990)”, fue presentado esta tarde en el Centro Cultural Universitario (CCU), Tlatelolco. Allí, estuvieron presentes familiares y víctimas de este periodo como la familia de Lucio Cabañas Barrientos y los autores Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart.
Este crimen, explica el informe, fue cometido en contra de diversas disidencias y comunidades como indígenas, activistas, estudiantes, diversidad sexual, refugiados guatemaltecos y periodistas. Incluso a aquellos que, sin ser parte de las disidencias, constituían el “riesgo” de convertirse en tal, incluidos pueblos indígenas enteros y grupos sindicalizados.
De acuerdo con el informe del MEH, fue el Ejercito “la institución perpetradora por antonomasia”. Esto, ya que además de las violaciones a los derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas, fueron uno de los “pilares ideológicos” del régimen presidencialista de la época. Por ello, insiste el mecanismo, el Estado debe reconocer su responsabilidad en este crimen y ofrecer una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, estuvieron también implicados gobiernos extranjeros como la República Federal Alemana, Guatemala y Estados Unidos. De esta última, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Departamento antinarcóticos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Cuya participación implicó el adiestramiento en métodos de tortura y tácticas de contrainsurgencia a las fuerzas de seguridad mexicanas.
Guerra sucia, crimen de Estado
El informe “Fue el Estado (1965-1990)”, consta de seis volúmenes y documenta 46 masacres cometidas durante este periodo. Entre ellas, 10 las cometieron en contra comunidades indígenas o campesinas dejando mil 314 victimas de violaciones a derechos humanos y dos mil 655 desplazados.
Algunos de ellos, los realizaron en Puebla, específicamente en Monte de Chila, Jolapa, donde terratenientes en colaboración con el Ejercito, masacraron a 50 victimas. Además, en Rancho Nuevo, Pantepec, otros 26 campesinos indígenas fueron victimas de un ataque de pistoleros con el apoyo de las autoridades.
Este informe ya lo entregaron a la Comisión para la Verdad, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla. Se trata de uno de los cinco que presentarán los comités de esta comisión creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.