En San Lázaro, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen para que las operaciones y administración de la Guardia Nacional (GN) pasen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 22 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, pasará a pleno para un periodo extraordinario aún por definir.
Durante una sesión que se prolongó casi tres horas, los legisladores avalaron en lo general y en lo particular la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la modificación de ocho leyes y códigos en materia de seguridad pública, con el objetivo de trasladar formalmente el control de la GN a la Sedena.
La iniciativa fue respaldada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que PRI y PAN votaron en contra, y Movimiento Ciudadano se abstuvo. La mayoría oficialista defendió que la reforma busca consolidar un cuerpo de seguridad profesional, disciplinado y con capacidades de respuesta ante el crimen organizado.
Sin embargo, la oposición alertó que esta decisión representa un paso más hacia la militarización del país. Emilio Suárez Licona (PRI) advirtió que con esta reforma, la Guardia Nacional contará con facultades como la intervención de comunicaciones privadas, lo cual, aunque supuestamente regulado por el Poder Judicial, genera preocupación debido al reciente control político sobre ese poder.
GN pasaría a Defensa: PAN y PRI hacen bloque
Desde el PAN, Paulina Rubio Fernández criticó la contradicción del oficialismo, que antes se oponía a la presencia militar en tareas civiles y hoy la impulsa. Acusó que el nuevo marco legal podría utilizarse para reprimir a la disidencia bajo el argumento de seguridad.
Por parte de Morena y sus aliados, los argumentos apuntaron a que la reforma no implica una militarización, sino un modelo mixto con personal militar de formación policial. Leonel Godoy (Morena) aseguró que la GN actuará con base en criterios civiles, aunque bajo disciplina castrense, y que seguirá colaborando con el Ministerio Público en tareas judiciales.
Ricardo Mejía Berdeja (PT) afirmó que esta reforma representa una política de Estado que deja atrás la simulación, mientras que Mary Carmen Bernal defendió la solidez institucional de la GN, con disciplina militar y funciones de proximidad ciudadana.