En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 80 por ciento de los juicios que llegan están relacionados con asuntos fiscales promovidos por empresarios, quienes son los que pueden pagarlos. Por ello, debe revertirse esa tendencia y enfocarse en causas sociales.
Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7 Radio, Federico Anaya Gallardo, candidato a ministro de la SCJN, quien consideró que hay falta de transparencia, pues no se sabe por qué ocho de cada diez recursos que llegan al máximo tribunal están relacionados con impuestos, a pesar de que existen otros temas prioritarios.
Anaya apuntó que existe una tendencia “natural” de atender lo que interesa a las élites, dado que son los empresarios quienes tienen los recursos para contratar abogados. Afirmó que, al ser un órgano formalista, la Corte atrae principalmente esos casos, dejando de lado los de mayor interés social.
Como ejemplo, recordó el conflicto en 2015 en la comunidad de Tila, Chiapas, donde los habitantes ganaron un amparo contra la construcción de un palacio municipal en tierras ejidales. Subrayó que el fallo favorable se logró por la presión de la comunidad.
“A veces los pueblos rurales no tienen forma de defenderse. Si la Corte pusiera más atención en este tipo de asuntos, garantizaría justicia para todos y evitaría conflictos. Es importante que los atienda, porque no establecer criterios claros deja a la población en incertidumbre. La SCJN necesita atraer casos sociales, no solo fiscales”, expresó.
Además, afirmó que para mejorar la impartición de justicia es necesario cumplir con lo que establece el artículo 17 constitucional: que los asuntos se resuelvan conforme al fondo y no únicamente por la forma. Criticó que esto último se ha vuelto una práctica común que alarga y complica los procesos.
Juzgadores deben ser de puertas abiertas
Por su parte, Monserrat Garza Contreras, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Puebla, señaló que los juzgadores deben tener una actitud de puertas abiertas para escuchar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, y así mejorar la impartición de justicia.
Subrayó que, además de estar capacitados, deben ser sensibles, ya que cada caso representa una vida. Por ello, las resoluciones deben redactarse en un lenguaje claro, sencillo y sin tecnicismos.
Garza destacó que la elección del 1 de julio representa una oportunidad para democratizar el Poder Judicial. Afirmó que muchas personas llevan años en prisión sin una sentencia, pues “se les ha negado el acceso a la justicia”, y confió en que esta situación pueda cambiar.
“Hay muchas áreas de oportunidad. Acercarnos a la gente es una de ellas. Debemos ser sensibles como juzgadores, pero también entender que la justicia no es negociable. Se debe resolver con autonomía y con base en las pruebas que se presentan”, apuntó.
Se debe volver a confiar en la justicia
En tanto, Jorge Arciniega Alcaraz, candidato a juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales de Puebla, coincidió en que se requiere una justicia más cercana a la ciudadanía, para cerrar la brecha entre los jueces y la sociedad.
Reconoció que el sistema judicial actual es ajeno a las necesidades de la población. Por ello, consideró que los juzgadores deben actuar con apertura, capacidad y objetividad, para que las personas recuperen la confianza en la impartición de justicia.
Aunque reconoció que los procesos llevan su tiempo, criticó que los asuntos sigan tratándose como números, y que quienes cuentan con recursos accedan más rápido a la justicia, mientras que otros deben esperar uno o dos años.
“Necesitamos un Poder Judicial que no sea visto como un obstáculo. Que ir a los juzgados no sea un viacrucis legal. Que cada caso se analice a fondo y que las sentencias sean breves y claras”, enfatizó.
Aplicar sanciones por corrupción
Finalmente, Lidiette Gil Vargas, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, comentó que aunque se opuso a la reforma constitucional, decidió participar en el proceso electoral porque considera que el Poder Judicial necesita personas capacitadas y con experiencia.
Afirmó que para combatir la corrupción se deben aplicar con eficacia los procedimientos disciplinarios y vigilar el cumplimiento de las normas internas, ya que no se han sancionado a juzgadores que incurren en irregularidades.
Gil Vargas subrayó que una vía para erradicar la corrupción es el voto informado. Llamó a la ciudadanía a revisar los perfiles de los candidatos y elegir a quienes sean honestos, trabajadores y profesionales.
“La justicia federal se imparte conforme a derecho. Podría haber casos de corrupción, y por eso es necesario reforzar los controles y garantizar que los juzgadores no caigan en esas prácticas. México es el país con menos tribunales, pero eso no debe ser pretexto para no impartir justicia de manera adecuada”, concluyó.
G.G.H.
