Por unanimidad de 456 votos, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; por lo que habrá penas más severas de hasta 25 años de prisión.
Este 28 de octubre, avalaron la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal.
También, habrá cambios en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Además de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Este dictamen cumple el decreto que declara la reforma al inciso a de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, en materia de extorsión.
El objetivo de la Ley contra la Extorsión, aprobada por la Cámara de Diputados, es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre autoridades. Esto, para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados.
Por lo que la legislación estipula que el delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley b investigarán y perseguirán de oficio”.
De acuerdo con la Cámara de Diputados, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación.
Cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional, en el Código Penal Federal o en cualquier otro ordenamiento que le otorgue competencia a la Federación”.
¿Cuáles serán las penas de la Ley contra la Extorsión?
Prevé una pena básica de seis a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56 mil 570 pesos). Esta se aplicará a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.
Sin embargo, se consideran 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con sanciones más severas. Por lo que los castigos se elevan hasta una tercera parte, de 8 a 20 años de prisión en casos de cobro de piso.
También, se plantea el incremento de la sanción hasta dos terceras partes, de 10 a 25 años de privación de la libertad. Esto, en los casos donde una persona emplee violencia física, exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado intencionalmente.
